El Banco Central de la Nación dispuso en septiembre -comunicación A 4.415- modificaciones al régimen de prefinanciación de las exportaciones, las que deberán ahora concretarse por un período determinado y con restricciones específicas. Para los granos, el plazo para concretar la cancelación es de 60 días de embarque, para los productos procesados es de 120 días y para los de bienes de capital 360 días.
En referencia al impacto sobre las actividades agroeconómicas, Rebolini indicó que la medida puede restringir seriamente los fondos disponibles en el mercado para financiación de la siembra gruesa que está comenzando e impulsar un fuerte incremento de la tasa de interés. “El movimiento alcista del tipo de cambio de los últimos días, respondería en gran parte a las consecuencias de esta medida porque los exportadores están siendo forzados a cancelar anticipadamente créditos de exportación que habían planificado a más largo plazo”, señaló el especialista.
Asimismo, especificó que “al restringirse el fondeo de prefinanciación de exportaciones, las exportadoras y proveedoras de insumos deberán recurrir al mercado financiero y de capitales doméstico y, en consecuencia, es previsible que su demanda aumentará la tasa de interés doméstica. Además, este financiamiento será más caro en términos de tasa de interés para los productores”.
Para el presidente de Agropuerto, la disposición afectaría también “el fondeo de varios de los fideicomisos de siembra que en su mayor parte están planificados que se financien con garantía de contratos forward de venta a cosecha como garantía y fondos provenientes de prefinanciación de exportaciones. Si esta herramienta se ve restringida, el financiamiento deberá ser doméstico, vía inversiones de AFJP o bancario, e implicaría un mayor costo y presión alcista para la tasa de interés en el mercado financiero local”, especificó.
Ciclo agrícola. En referencia al financiamiento de las exportadoras y la industria, Rebolini indicó que la medida del Central puede complicar la disponibilidad para concretar la compra de la cosecha y restringir la liquidez en la comercialización de granos. “El grueso de la cosecha se concreta en tres meses, pero se vende durante todo el año. Si no hay modificaciones de la norma, los exportadores deberán recurrir a la insuficiente financiación local o tendrán que realizar sus compras al productor cuando tengan un contrato de venta firme y no cuando el productor agropecuario quiera vender”, concluyó el economista.
