Los agroquímicos entraron en el ojo de la tormenta de la agenda sectorial debido a los supuestos problemas que su incorrecta aplicación pueden tener sobre la salud humana.
El epicentro del conflicto es un barrio periurbano de la ciudad de Córdoba, denominado Ituzaingó, donde desde hace años se viene generando el litigio entre población y agricultura.
Los últimos casos tomados por la prensa llevaron al Gobierno Nacional a crear una comisión investigadora para analizar el asunto Sin negar las afecciones que sufre la población, la pregunta es si está comprobado que dichos problemas sean culpa de los agroquímicos.
En este sentido, una voz que ha permanecido ausente durante la mediatización de la problemática es la de los ingenieros agrónomos, profesionales cuya incumbencia los involucra directamente. Ricardo Weiss es miembro del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Córdoba y coordinador de la Comisión de Agroquímicos.
“Existe un desconocimiento total de la población sobre el tema de los agroquímicos y entonces aparecen pseudoecologistas que fogonean en contra de los productos”, sostiene Weiss.
“Leía en un diario que hubo gente quejándose porque una avioneta estaba fumigando a las tres de las mañana, cuando todos sabemos que los aviones pulverizadores no aplican de noche. Entonces, ahora todo es culpa del glifosato”, apunta el profesional.
-¿Cuál es la visión del problema desde la perspectiva profesional?
-En nuestra vida cotidiana vivimos rodeados de elementos potencialmente peligrosos, incluso como puede ser un auto, el gas o la electricidad.Y sin embargo no nos asusta, porque su uso está regulado. Con los agroquímicos pasa algo similar. La regulación no será la mejor del mundo pero es bastante buena; lo que pasa es que ni la cumplimos ni la hacemos cumplir adecuadamente. Durante muchísimo tiempo el Estado estuvo ausente del uso de agroquímicos, permitiendo el mal uso de los productos, y ahora hay que revertir esa situación. Por otra parte, esa ausencia generó una inseguridad total en la gente.
-¿Cómo es el marco normativo de los fitosanitarios en Córdoba?
-La provincia tuvo una ley en 1981, es decir dictada durante el gobierno militar, que se reglamentó en el 83 con la democracia. Luego empezaron a ponerles parches hasta que llegamos a la década del 90, de tal forma que ni las autoridades podían saber qué estaba vigente y qué no de esa ley. Por eso se decidió hacer una nueva ley que es la que salió en 2004.
-¿Qué características tiene la nueva ley?
-La norma tiene dos enfoques fundamentales. Uno es que el problema potencial arranca a partir de que se abre el envase y se lo libera al ambiente; entonces se hizo hincapié en la aplicación, en la receta agronómica, en las obligaciones que tiene que seguir el aplicador.El otro eje es la capacitación: son sustancias peligrosas que deben ser utilizadas con cuidado. Incluso el ingeniero agrónomo debe capacitarse y actualizarse periódicamente. También el que conduce la pulverizadora, que debe saber qué productos está utilizando.
-¿Qué pasa con el tema de la distancia mínima?
-Es común hablar de las distancias mínimas: “prohíbese la aplicación a tantos metros…, bla, bla, bla”, pero eso no sirve para nada, es para engañar a la gente. Da una falsa sensación de seguridad.
-¿Por qué?
-Porque yo puedo aplicar a unmetro de una casa, poner tarjeta hidrosensible y comprobar que no llega ni una sola gota. Claro, esto si hago las cosas bien. Por el contrario, puedo aplicar a 3 km y que el producto llegue hasta ahí. Tengo fotos de pericias de cultivos afectados por glifosato que se estaba aplicando a casi 4.000 metros de distancia. La nube de 2-4D éster puede volar a 4 km. Lo único que otorga protección a la gente es el control profesional de la aplicación.
-¿Cómo fue ese caso?
-Era un lote de maíz separado de otro por la ruta. Desde donde comenzaba el lote hasta el final había un trecho de casi 4.000 metros. Y en la otra punta había soja, así que no pudimos evaluar si había daño en ese cultivo. El daño fuerte se produjo en los primeros 200/500 metros. Pero a 3.500 metros todavía veíamos plantas afectadas, con lo cual el producto llegó hasta ahí. ¿Qué pasó? Fue un estúpido que aplicó glifosato con avión, con un viento norte de 40 km/hora.
-¿Cómo es la situación en Ituzaingó, epicentro de esta polémica por el uso de agroquímicos?
-Es una situación cuanto menos muy particular. Si uno habla con la gente de Ituzaingó resulta que están todos enfermos por culpa de los agroquímicos. Pero utilizan calefones a leña que en verdad funcionan quemando envases descartables de gaseosa, es decir viven envueltos en una nube de dioxina. Por otra parte, el barrio está asentado sobre un viejo depósito de residuos de la fábrica de autos, donde hay pinturas que contienen cromo, y sacan agua de pozo. También tuvieron transformadores con PCB, que goteaban. Pero resulta que la culpa es del endosulfán, cuando el productor hace una aplicación al año o, en el peor de los casos, dos
-Por otra parte, si hubiera una población en riesgo por el uso de los agroquímicos serían los mismos aplicadores que pasan la vida en contacto con los productos, por más precaución que tomen.
-Pensá también en los quinteros de los cinturones verdes en todo el país. Andate a una zona de quintas y vas a ver la casa, dos hectáreas de chacra, otra casa, la iglesia. Esa gente tendría que estar toda muerta o sufriendo deformidades. Y tenemos otro problema muy grave, que me decía un médico toxicólogo: toxicología en la UN de Córdoba es una bolilla de medicina legal. Es decir que los médicos que no se dedican a la toxicología como especialidad deben saber poco y nada. Pero si les cae un paciente con una cosa rara, entonces enseguida la culpa es del agroquímico. Cualquier sarpullido puede ser atribuido al agroquímico.
-¿Qué debería hacerse de acá en más?
-Control y sanción, algo que nunca se hizo bien. Pero el Estado en sus tres niveles, nacional, provincial y municipal debe ponerse en regla.En nuestra provincia el Ministerio de Agricultura está haciendo las cosas bastante bien, no todo lo bien que quisiéramos, pero si lo comparamos con gestiones anteriores está bastante bien. Pero a nivel municipal se hace poco o nada. El municipio de Córdoba se lanzó a pedirle a la Justicia que prohíba las aplicaciones, pero, ¿quién controla que no se hagan? Eso lo tiene que hacer el municipio. En el caso de Ituzaingó, está rodeado por tres campos de tres productores. ¿No puede controlar tres campos la municipalidad de Córdoba? Por otra parte, hay una burocracia que es absurda. La ordenanza municipal plantea que cuando es una aplicación periurbana hay que pedir autorización al municipio, con 20 días hábiles de anticipación. ¿Y cómo sé que en 20 días hábiles voy a tener la plaga? O si tengo la plaga, ¿qué cosecho 20 días después? Es decir, ponemos normas incumplibles y después acudimos a la Justicia para que prohíba.
(Artículo publicado en la edición de hoy de Infocampo Semanario)
