El titular de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, Ricardo Echegaray, dio un paso más en la profundización de la política de compensaciones: anunció que creará un nuevo registro de operadores agropecuarios, que trae al menos dos novedades:
a) Incluirá a los productores agropecuarios.
b) Se hará en soporte informático. Si bien el registro funciona para una gran cantidad de operadores del comercio granario, pecuario y lácteo (exportadores, acopiadores, tamberos, feedloteros, granjas porcinas, etc.), la intención del titular de la Oficina parece apuntar a tener a toda la cadena agro bajo control.
Esto disparó la automática respuesta de Carbap, la poderosa organización de Buenos Aires y La Pampa adherida a CRA, que calificó de “insensata medida” la iniciativa de Echegaray y apeló a “farragoso e inconducente trámite burocráctico para los productores, transportistas y propietarios de establecimientos agropecuarios”.
El miércoles 10, en ocasión del Foro Rojo, Echegaray le contestó a los hombres de Pedro Apaolaza:
“Son opiniones de dirigentes rurales que están muy alejados de la realidad operativa. Algunas entidades están desinformadas y además actúan políticamente”, disparó.
El martes líderes de CRA y Carbap habían participado de un encuentro convocado por el diputado provincial opositor Jorge Macri (PRO), aunque fuera el disidente Felipe Solá quien terminara acaparando la atención.
Lo cierto es que el nuevo registro resulta una profundización en la política del garrote y la zanahoria que el Gobierno Nacional está teniendo con la actividad agropecuaria.
Es que políticas de intervención como la devolución del flete o la segmentación de las retenciones fracasaron por la falta, precisamente, de un registro que automatice la medida.
Esa carencia fue aprovechada por el ruralismo anti intervención para achacarle el fracaso. Echegaray ya anticipó que la idea es cohesionar en ese registro, que en la práctica funcionaría como una gran base de datos, con información en poder del Senasa (Renspa) y la Afip.
Pero hay quien plantea que un registro de estas características podría servir, eventualmente, para realizar consultas sobre el parecer de los productores respecto de alguna medida a tomar o tomada.
Esta forma plebiscitaria o de consulta directa representaría un desafío a las entidades rurales que expresan en forma indirecta la opinión de la producción.
Como se observa, el planteo detrás del registro tiene una connotación de forma y otra de fondo, para corroer la fortaleza del gremialismo rural.
En tanto, cámaras o agrupaciones que ya participan del sistema de reembolsos, es decir que ya están en el registro, ven bien los cambios. “Va a simplificar”, opina Juan Uccelli, presidente de la Asociación Argentina de Productores Porcinos. “Las entidades que participan en los foros no tuvieron cuestionamientos”, apuntaló Echegaray.
