Tras la fracasada reunión de Agricultura y Ganadería para debatir la ley contra la extranjerización de tierras hace una semana, la presidenta de Asuntos Constitucionales, Graciela Camaño, presidió hoy una nueva reunión del cuerpo donde se abordó el tema y se escuchó las opiniones de los abogados constitucionalistas Alberto García Lema, Roberto Gargarella y Pablo Luis Manili.
De la reunión que se llevó a cabo en el anexo de la Cámara baja, contó con la presencia de los diputados Patricia Bullrich (Coalición Cívica), Juan Pedro Tunessi, Norah Castaldo y Ricardo Buryaile (UCR), Gustavo Ferrari (Peronismo Federal), Marcela Rodríguez (DIP) y Liliana Parada (Proyecto Sur). También estuvieron presentes Jorge Chemes y Lucio Aspiazu (UCR), Lisandro Viale (Partido Socialista) y Carlos Favario (Demócrata Progresista).
Para García Lema, el tema de la tierra “afecta un tema central para la economía nacional”. “Si no se considerara un recurso natural existiría una discriminación entre provincias con, por ejemplo, las que tienen como principal recurso los hidrocarburos”, consideró.
Asimismo, el abogado aseguró que debió ser el Senado la Cámara de origen de este proycto teniendo en cuenta el directo interés y derecho que las provincias tienen sobre el suelo.
Por su parte, Roberto Gargarella destacó que la cuestión del federalismo “está subordinada al concepto de igualdad” y opinó que el Congreso “está facultado a regular la propiedad de la tierra desde el momento que dicta el Código Civil”, aunque aseguró que el proyecto que impulsa el oficialismo es “contradictorio en todos sus aspectos”,
“habla de proteger los recursos no renovables pero tanto la tierra como el agua, son recursos renovables. Y por otra parte, nada dice de la explotación de la minería a cielo abierto, que obviamente afectan al agua y a la tierra, sean renovables o no”, objetó.
A su turno otro experto, Pablo Manili, opinó que son las provincias “y no el Congreso Nacional las que tienen potestad para regular los recursos naturales que les son propios”.
“El proyecto va contra el Derecho Internacional Público pero, lo que es peor, contradice abiertamente los derechos humanos establecidos en el Pacto de San José de Costa Rica, que en el caso argentino tienen rango constitucional”, agregó.
