La industria semillera dio un claro respaldo al anteproyecto de Ley de Semillas y Creaciones fitogenéticas, recientemente acordado por cámaras del sector, asociaciones técnicas y de cadenas de cultivos, entidades gremiales de productores, cooperativas y representantes del sector oficial.
“ASA (Asociación Semilleros Argentinos) respalda el proyecto acordado porque es el fruto del trabajo colectivo; promueve la investigación y el desarrollo nacional; está pensado para la situación local, que no es la copia de ningún otro país y refuerza los programas de investigación en cultivos regionales”, dijo el presidente de la entidad, Alfredo Paseyro, en una reunión con la prensa realizada el miércoles en Buenos Aires.
Para ASA, la sanción de una nueva normativa en semillas, que reemplace a la actual Ley 20.247, de 1973, es fundamental ante la mayor demanda de alimentos a nivel global que requiere una agricultura más intensiva y sustentable. En ese marco, la entidad considera necesario regular el uso propio y garantizar el recupero de la inversión en investigación y desarrollo de variedades realizado por las empresas.
El anteproyecto, que aún espera ser enviado al Congreso, es el fruto de reuniones de una mesa de trabajo público-privada, realizadas en el Ministerio de Agricultura entre el 3 de julio y el 11 de septiembre de este año. Del mismo participaron ACTA, ASA, ARPOV, CSBC, FEDIA, CASEM, ASAGIR, MAIZAR, ACSOJA, ARGENTRIGO, AFA, ACA, CONINAGRO, CRA, SRA y FAA (ésta última se retiró de la mesa antes de la redacción final del mismo), además de representantes del INTA, la Secretaría de Agricultura, la Dirección de Biotecnología, la CONASE y la Cámara de Diputados. “De las 24 entidades que participaron de las reuniones sólo una se retiró para la redacción final”, sostuvo Miguel Rapella, Director Ejecutivo de ASA, mostrando su beneplácito con la cantidad de firmas logradas.
En ese sentido, desde la entidad, celebraron el alto conceso alcanzado ya que el mismo podrá allanar los tiempos para la aprobación del proyecto en el Congreso Nacional. Si bien Paseyro admitió desconocer cuánto tardará la sanción de la normativa, reveló que el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, les transmitió que “necesitaba contar con un proyecto con el máximo consenso posible, lo que no significa unanimidad de criterios ni que estuviésemos todos felices”. Eso también fue ratificado por el presidente de la Comisión de Agricultura de Diputados, Luis Basterra, quien les dijo que “si el proyecto llega con un grado de consenso importante es una tarea mucho más fácil en el Congreso”.
Según los empresarios semilleros, el sector debió hacer varias concesiones para alcanzar el resultado final. Una de ellas fue “que haya un universo de productores (los inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar) que se les permita hacer el uso propio en forma gratuita”, explicó Paseyro.
El segundo punto que se anuló del proyecto original que venía de la CONASE es el que establecía que el productor debía pedirle la autorización al obtentor para hacer uso propio. “Entendimos que si el productor hacía una declaración jurada, y teniendo en cuenta que se crea un Registro de Usuarios, vamos a tener mayor información y vamos a estar actuando de buena fe en que el productor va a hacer una declaración de lo que va a hacer (realmente) como uso propio”, agregó Paseyro.
De acuerdo al anteproyecto que tuvo acceso Infocampo, el punto crítico de la norma es el Artículo 32, donde se especifica que “todo agricultor no inscripto como agricultor exceptuado, estará obligado al pago de los Derechos de Obtentor al reservar semilla de uso propio de una creación fitogenética protegida”. Además, se aclara que “la reserva y uso de semilla no podrá exceder a la cantidad de semilla originalmente y legalmente adquirida”. Si bien este pasaje se redactó llegando a un consenso con CRA, SRA y CONINAGRO, provocó que FAA pateara el tablero y se retirara de la mesa de negociación con fuertes críticas al sector semillero y al Gobierno. En tanto, aún queda por resolver cuál será la forma de pago de ese Derecho de Obtentor, algo que seguramente quedará zanjado en negociaciones entre las partes.
El presidente de ASA, no le escapó a las críticas sobre el proyecto realizadas recientemente por el Subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico. “Entendemos que Emilio Pérsico debería ser el principal defensor de este proyecto porque la Ley en su punto 2º K habla del agricultor exceptuado, y ese agricultor es el que está definido en el Registro Nacional de Agricultura Familiar con un universo de entre 50.000 y 60.000 agricultores”, afirmó. Y agregó: “vemos que hace algún tipo de declaración o que tiene algún protagonismo en contra pero cuando uno analiza lo que está escrito y quienes son los primeros beneficiarios de este proyecto, es ese universo”.
Pero además, la iniciativa le otorga al INASE la potestad de incluir a otros grupos de productores dentro de la excepción. “Estamos hablando de un proyecto de Ley que luego debe ser reglamentada. En esa reglamentación está la facultad del INASE de empezar a actualizar con criterios que no sean exclusivamente de soja”, explicó el directivo. “Cuando uno quiere segmentar y se quiere centrar en un solo cultivo es imposible. No es lo mismo el productor del sudeste de Buenos Aires que el de la zona Núcleo, que el del sur de Córdoba, Chaco, el NEA o el NOA, entonces es un punto imposible de resolver. La tarea siguiente en la reglamentación es hacer la segmentación con diferentes criterios. Hoy no hay en la cabeza de nadie ningún número (de superficie o producción), ni para un lado, ni para el otro” que amplíe el número de productores exceptuados del pago de derechos a la tecnología para efectuar el uso propio.
Los controles
La iniciativa brinda además mayores herramientas de supervisión al INASE que tendrá “poder de policía” sobre toda la cadena, desde la semilla al momento de la siembra, hasta la comercialización del grano. De esta forma se apunta a lograron una mayor efectividad en el pago de los Derechos de Obtentor, así como a darle un nuevo impulso a la lucha contra la bolsa blanca. “Lo que está escrito en la Ley es que el INASE tiene potestad para controlar todo. Si hoy lo puede hacer es otra cosa. Pero esto será un proceso y lo bueno es que esté escrito”, destacó Paseyro.
Sin embargo, más allá del acuerdo, todavía queda saber si el proyecto tendrá el aval político de todo el oficialismo y sobre todo, el peso que los diputados provenientes de FAA puedan ejercer en el Congreso para frenar su tratamiento. Por ese motivo, si el proyecto será tratado por los legisladores durante este año, cargado de iniciativas aún más importante para el Poder Ejecutivo, es una incógnita que solo podrá ser develada con el correr del tiempo.
Marcos López Arriazu
