La jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría evitó pronunciarse sobre una medida cautelar para suspender la ley que reformó el Consejo de la Magistratura y dispuso la elección popular de los consejeros.
En cambio, le dio cinco días al Gobierno para producir un informe ante de resolver sobre ese amparo, uno de interpuestos en la justicia en los últimos días contra normas del paquete impulsado por la Casa Rosada para “democratizar” el Poder Judicial. En tanto, hoy otra jueza se excusó de fallar en otros amparos.
“No corresponde expedirse por el momento a la medida cautelar solicitada y hágase saber al Poder Ejecutivo Nacional que en el plazo de cinco días deberá producir el informe requerido”, dice la resolución de Servini de Cubría a la que tuvo acceso minutouno.com.
De esa manera, la magistrada, que entiende en los asuntos electores, evitó pronunciarse por ahora sobre la suspensión de uno de los artículos más polémicos de la ley, que es la elección popular de los integrantes del Consejo, sin dejar de darle curso a uno de los cientos de amparos que llegaron a la justicia.
Se trata de la acción de amparo interpuesta por “Gente de Derecho”, la agrupación que conduce el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que había pedido una medida cautelar para suspender algunos artículos de la ley que reforma el Consejo de la Magistratura.
En tanto, otra jueza se excusó este viernes de intervenir en el planteo interpuesto directamente por el titular del Colegio, Jorge Rizzo, a título personal contra la reforma, según confirmaron fuentes judiciales.
Se trata de Rita Ailán, la jueza del fuero Contenciosos Administrativo Federal que fue sorteada este miércoles luego de que su colega María Alejandra Biotti también se excusara de intervenir en el amparo.
A este panorama también se suma que el fiscal electoral de la Capital Federal, Jorge Di Lello, ya había hecho lo mismo.
En el fuero electoral, hay varios planteos contra la elección popular de consejeros que se realizará en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 11 de agosto y en las legislativas del 27 de octubre, que interpusieron fuerzas políticas y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
Quienes se oponen a la reforma quieren una respuesta rápida de la Justicia ya que la fecha tope para presentar los candidatos para las primarias es el 22 de junio. Por esa razón, cuanto más avanzados estén los trámites, más difícil será revertir la reforma, por lo que no se descarta algún pedido de per saltum a la Corte no bien exista un fallo de primera instancia.
Desde el Colegio Público de Abogados dejaron trascender que “no descartan un per saltum a la Corte” para agilizar los tiempos judiciales, mientras que en el máximo tribunal deslizaron que “en cuanto llegue un caso concreto, la Corte lo resolverá rápidamente. Puede llegar al tribunal por la vía de la Justicia electoral o por otro fuero, de la Capital Federal o del resto del país, pero la intención del tribunal es resolverlo lo más rápidamente posible”, dijeron esta semana en la Corte.
