“Existen cinco contratos firmados a largo plazo. Con otras tres destilerías se firmó un acuerdo, pero aún no se cuenta con la documentación respaldatoria”, describió el estado de situación actual la socia gerente de la firma, Mónica Cabariti. La ejecutiva, sin embargo, expresó que a más de un año de la firmas oficiales no hubo progreso en la ejecución del plan pactado, en particular, en la canalización del financiamiento para la concreción de las obras. Por eso, solicitó al Gobierno provincial “una definición política” para el desarrollo del proyecto, informó el medio tucumano “La Gaceta”.
Cabariti enfatizó: “Esa situación nos movilizó y solicitamos a las autoridades (del Gobierno provincial) que llegue a una resolución política sobre si la Provincia quiere o no una planta de tratamiento sustentable y definitiva, una solución a la vinaza”. Además hizo hincapié en que no se trata de un “problema de recursos económicos”, ya que “hay u$s25 millones que pueden ser dirigidos al proyecto fácilmente. Además, otros inversores privados estuvieron interesados el año pasado”, remarcó.
Cinco de los 15 ingenios tucumanos firmaron a mediados del año pasado un contrato de concesión de vinaza por 30 años. El convenio fue suscripto conjuntamente con la consultora ambiental Crealab, radicada en Buenos Aires, en el marco de un proyecto de tratamiento de efluentes y producción de sulfato de potasio y de generación de energía.
Otras fábricas habían rubricado un acta compromiso para luego avanzar en un acuerdo definitivo. El emprendimiento requería entonces fondos por U$S 100 millones y establecía la creación de un vinazoducto y una planta de tratamiento.
Crealab realizó una presentación ante la Jefatura de Gabinete nacional para que el emprendimiento acceda a recursos estatales (U$S 68 millones en total), ofrecidos mediante el Programa para incrementar la competitividad del sector azucarero del NOA (Proicsa). Aunque el pedido no tuvo buena recepción.
