La Unión Industrial Argentina (UIA) ratificó, por unanimidad, su rechazo al proyecto oficial. “En un momento donde se debe generar confianza y certidumbre para promover la inversión que permita generar empleo de calidad y crecimiento económico, iniciativas como esta, además de su inconstitucionalidad, van claramente en sentido contrario a esos objetivos que el propio Gobierno nacional manifiesta promover”, sostuvo la central fabril en un comunicado.
La UIA marcó diferencia, dentro del proyecto global de “Ley de Relaciones de la Producción y Consumo, a los aspectos relacionados con la Defensa del Consumidor y con la Promoción de la Competencia, por un lado, y los de Abastecimiento, por el otro.
En ese sentido, expresó la “incuestionable necesidad de amparar la defensa del consumidor y la promoción de la competencia donde el Estado debe ejercer un control eficiente, objetivo y razonable para garantizar la transparencia del mercado”.
“Sin embargo –añadió– este proyecto no cumple esos objetivos sino que potencia la intervención discrecional del Estado en la economía y en las empresas, confiando márgenes de utilidad, niveles de stock, precios, volúmenes de producción y canales de distribución, entre otros mecanismos de intervención”.
En tanto, el presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Jaime Campos, volvió a manifestarse en contra del proyecto oficial de reforma a la Ley de Abastecimiento y dijo que, por el contrario, hacen falta “más inversiones” y “un marco de previsibilidad”.
“El actual proceso que atraviesa la Argentina sólo se resuelve con más inversiones, lo cual requiere un marco de previsibilidad, y eso, a su vez, demanda acuerdos básicos o fundamentales, es decir, establecer ciertas reglas de juego que no se van a cambiar”, dijo el titular de AEA, según un comunicado del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.
Durante una exposición llevada a cabo en esa entidad, Campos consideró que antes de esta iniciativa del Poder Ejecutivo, “la Ley de Abastecimiento no regía para los empresarios” y agregó que “todos los empresarios tienen una muy mala impresión” del proyecto actualmente en tratamiento.
“Todas las entidades empresarias están en contra del proyecto”, precisó, y agregó que incluso CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) destacó que logró dejar afuera del alcance de la norma a las pymes.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), Enrique Mantilla, afirmó que el proyecto de reforma a la Ley de Abastecimiento “expresa respuestas inadecuadas más cercanas a una economía de comando y control”, y además es “contrario a la Constitución Nacional”.
“El Proyecto de Ley expresa respuestas inadecuadas más cercanas a una economía de comando y control, y por lo tanto, disfuncional al desarrollo de las fuerzas productivas en el contexto nacional, contrariando normas constitucionales”, criticó Mantilla al exponer en la reunión de Comisiones de la Cámara de Diputados donde se analizó la iniciativa.
En ese marco, planteó que “si una decisión discrecional de un funcionario puede definir precios de venta, márgenes de utilidad, cantidades a producir, canales de distribución y regímenes de licencias comerciales, entre otras medidas de intervención a la actividad privada, lo que se establece es una economía de comando y control”.
El directivo también advirtió que “lo que se consagraría, de aprobarse el Proyecto, es un modelo de presión estructural sobre el sector empresario donde prevalece el decisionismo político no sujeto a reglas de razonabilidad”.
Mantilla sostuvo que “el Proyecto es contrario a la Constitución Nacional” y consideró que para proteger el derecho de consumidores y usuarios “el Estado cuenta con la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, la Ley 22.802 de Lealtad Comercial y la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia”.
Asimismo, cuestionó que “el proyecto convierte a todo empresario argentino, comerciante o industrial, en el prestador de un servicio público porque está obligado a prestar el servicio quiera o no quiera, e incluso a aumentar la producción y seguir vendiendo aunque sea a pérdida”.
“En relación a este punto, existe el agravante de que a pesar de que el conjunto de las actividades económicas serán tratadas como si fuesen servicios públicos, no se les reconocen los resguardos y garantías patrimoniales que sí tienen las empresas que presentan efectivamente servicios públicos. Y esto se realiza sin una ley específica por actividad que así lo declare. Solo se lo hace mediante una publicación genérica”, denostó.
