La decisión de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, de designar a 18 fiscales afines el último día hábil de 2014 generó fuertes críticas tanto dentro de la Justicia como en el mundo de la política.
La Asociación de Magistrados, máxima agrupación de jueces del país, emitió un comunicado donde expresó su “preocupación” y sus sospechas de que con estos nombramientos se pretende “controlar” las investigaciones penales; “especialmente las que tienen como sujetos imputados a funcionarios públicos por hechos de corrupción”.
Lo mismo sostuvo el radicalismo. Pero los más preocupados eran ayer los fiscales que no comulgan con Gils Carbó. A ese grupo pertenece la gran mayoría de los fiscales de Comodoro Py, donde se investigan las principales causas de corrupción contra los funcionarios públicos.
Estos fiscales verán licuado su poder con las nuevas designaciones. Además, algunos, como el fiscal Guillermo Marijuan, fueron destinatarios directos de las decisiones de fin de año de la procuradora. Marijuan fue corrido de la unidad de investigación de delitos del ámbito de la seguridad social, que dirigía hasta anteayer.
Estos fiscales sostenían que Gils Carbó esperó al último día del año para adoptar las decisiones que tomó para evitar así que se organizara alguna resistencia dentro del mundo de los tribunales, ahora en receso hasta dentro de un mes.
En cuanto a la Asociación de Magistrados (que también tiene fiscales en sus filas), no sólo advirtió sobre la supuesta maniobra de la procuradora; cuestionó además la sanción del Código que, en su anexo segundo, habilitó estas designaciones. “No fue debatido con la profundidad y amplitud que una norma de esas características requería”, afirmaron los jueces en su comunicado.
Ese documento sostuvo, asimismo, que cuando se sancionó el Código “desde muchos sectores se señaló que la intención era la creación de los cargos previstos en el mencionado anexo dos, para su puesta en funcionamiento mucho antes de la entrada en vigor del nuevo Código Procesal”. Y que esta intención se confirma ahora, porque los nuevos fiscales asumirán no bien termine la feria de enero, “aun cuando el Código que constituye su núcleo nunca entre en vigor o su implementación se dilate en el tiempo”.
En el mismo sentido, el presidente del bloque de diputados nacionales radicales, Mario Negri, dijo que con las designaciones de Gils Carbó queda a la luz “el verdadero propósito del Gobierno” al aprobar la reforma del Código Procesal.
“Al Gobierno le interesaba el anexo dos como lo principal, que le permitía estas designaciones más 1650 cargos a cuyos efectos ya destinaron por DNU 630 millones de pesos a fines de diciembre”, declaró Negri.
En el mundo de los abogados críticos del Gobierno también hubo manifestaciones de preocupación por los nombramientos de Gils Carbó. La agrupación Será Justicia emitió un comunicado titulado “Se podía encubrir la intención de controlar investigaciones penales”. El razonamiento es muy parecido al de la Asociación de Magistrados.
Será Justicia sostuvo que “la reciente designación en forma exprés de la procuradora” para 18 fiscales que ocuparán cargos en posiciones “clave” es un ejemplo “categórico” de la afectación de la independencia del Ministerio Público Fiscal, como parte del “funcionamiento degradado que se perpetra sobre las instituciones de la República”.
La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) dio a conocer un comunicado en la misma línea. Sostuvo que Gils Carbó “sorprendió” con designaciones realizadas “sin respetar los procedimientos legales establecidos a tal fin”. Y afirmó: “Dichas designaciones resultan especialmente preocupantes en el marco de la reciente reforma del Código Procesal Penal, que otorga mayores facultades a los fiscales en la tramitación de los procesos”.
