Luego del incidente de la fuga de cianuro que afectó el río Jáchal en San Juan, producto de la rotura de un caño que transporta cianuro a la Mina Veladero explotada por la empresa Barrick Gold, productores responsabilizan al gobierno provincial. “La Barrick gobierna la provincia”, aseguran, y advierten que no es la única amenaza ambiental. Mientras tanto “Hace 8 años que el Consejo Consultivo Minero no se reúne”
Eduardo Garcés, presidente de la Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios de San Juan, dijo que “la propia Barrick Gold reconoció en un informe preliminar el derrame de al menos 224 mil litros de solución cianurada y paradógicamente es el gobierno de la provincia -pro impulsora de la minería- quien encabeza las denuncias penales, ante una oposición que apenas si emite tibias opiniones y que en medio de las elecciones su compromiso con las empresas mineras parece ser más fuerte”.
Sin embargo, “el Consejo Consultivo Minero de la provincia, que debe expedirse por pedido de la Secretaría de Minería, no se reúne desde hace 8 meses”, indicó Garcés.
Los productores agropecuarios, que son los más afectados por la actividad minera y requieren de que el Consejo funcione para garantizar el equilibrio ambiental, social y económico de la región, advierten la responsabilidad del gobierno para evitar su funcionamiento.
En este contexto, los productores denunciaron los siguientes puntos:
· La actividad agropecuaria y social de Jáchal fue destruida por la actividad minera
· Hidráulica dispone del corte de suministro de agua para la actividad agropecuaria (en una provincia donde el recurso escasea y mientras se atraviesa una severa emergencia agropecuaria por sequía), pero jamás genera medidas de corte para la actividad minera.
· Nuestras economías regionales atraviesan una severa crisis, y los pequeños y medianos productores se mantienen atrapados en un sistema de subsidios por parte del gobierno de la provincia que no genera soluciones, favoreciendo siempre la expansión de la política minera, destruyendo la actividad primaria.
· El gobierno provincial es “DENUNCIANTE” y al mismo tiempo “DEFENSOR” de la expansión minera sin control ambiental.
· El incidente ambiental de Jáchal no es el único y ni siquiera se cumple la ley de protección de glaciares y periglaciares.
