Tal como lo anunció el propio funcionario el jueves pasado, el Gobierno dispuso un tope de 400% a los aumentos del gas para los clientes residenciales de todo el país (a igual nivel de consumo del mismo período del año anterior), y un límite de 500% al incremento en la factura final que recibirán los comercios, las pymes, los hoteles de turismo y los clubes de barrio. Para estos últimos, además, habrá un fondo de 200 millones de pesos para atender necesidades específicas relacionadas con los servicios públicos.
“Resulta conveniente y necesario adoptar las medidas tendientes a mitigar el impacto de la aplicación de los cuadros tarifarios aprobados y, en tal sentido, determinar un límite en el incremento que vaya a afectar al monto final facturado”, argumenta el ministro Aranguren en la resolución 99/2016. La medida es retroactiva al 1° de abril pasado.
En otra resolución (la 111/2016), Aranguren también notifica cambios en la tarifa social. Se incrementó el bloque gratuito de la tarifa social, de 150 KVh a 300 KVh para los hogares de Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco.
La marcha atrás de la administración de Mauricio Macri con las tarifas de luz y gas se debió a los encendidos reclamos de diversos sectores de la sociedad y de la oposición; incluso muchos plantearon demandas en la Justicia.
El golpe de timón del Gobierno tendrá un fuerte costo fiscal. Para el gas, deberá poner $ 2250 millones, mientras que en el caso de la luz destinará $ 500 millones. Suman $ 2750 millones que en el plan original estaba previsto que lo pagaran los clientes y ahora saldrán del Tesoro.
