La Federación de Acopiadores de Cereales manifiesta “su perplejidad y desconcierto ante el lockout de empresarios transportistas que comenzó el 18 de julio y fue anunciado en forma intempestiva y por tiempo indeterminado”.
“La medida de fuerza, impulsada por los empresarios que forman parte de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC) y la Federación de Transportadores Argentinos (FETRA), además de impedir ilegalmente el desarrollo de la actividad a quienes no adhieren, se produce en un momento clave para la actividad productiva del país”, advirtieron.
Además, ampliaron que “la protesta impide el normal traslado de la cosecha de granos que aún no ha terminado en varias regiones afectadas por el exceso hídrico. También dificulta el inicio de la nueva campaña al interrumpir el traslado de insumos clave como los fertilizantes necesarios para la siembra. Y frena la exportación de granos y aceites en un momento en el que todo el país necesita de los aportes de la agroindustria para la reactivación económica que anhelamos”.
“Recordemos que mantener un buque sin carga en los puertos tiene un costo de 30.000 dólares diarios y desde el sector estiman que en los principales puertos cerealeros hay unos 120 buques varados desde el lunes. Además, la medida comienza a impactar en el normal desenvolvimiento del país poniendo en riesgo el abastecimiento de combustibles, carnes y demás productos clave para la vida de los argentinos”, explicaron.
Y continua el comunicado: “La gravedad de la medida se potencia si se tiene en cuenta que en el mes de abril de este año se incrementaron en un 30% las tarifas nacionales del transporte de carga. Y ahora, el mismo sector exige un 33% más que, de aceptarse, daría un acumulado del orden del 73% en menos de un año”.
“Desde la Federación de Acopiadores sostenemos que la discusión tarifaria debe darse en el ámbito de cada provincia, donde la actividad puede ser evaluada y la tarifa, que siempre es orientativa, está en relación con la realidad de cada región. No entendemos las razones por las cuales se nacionalizó este tema, debilitando la competencia y decisiones provinciales sobre el particular”, analizaron.
Y por último, “requerimos a las autoridades responsables de la seguridad a nivel nacional y provincial que garanticen el derecho constitucional del libre tránsito en las rutas, por donde se transportan los productos que contribuyen a mejorar la situación socioeconómica de la Argentina”, finalizaron.
