En una nueva jugada política en medio de la campaña electoral por las elecciones legislativas de octubre, el Gobierno tendría en estudio pagarle a la petrolera española Repsol por el 51 por ciento de las acciones que tenía en YPF y que en 2012 le expropió.
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, exige como resarcimiento una suma que asciende a los 10.500 millones de dólares, en tanto que tiene una previsión de conseguir al menos 7.500 millones en caso de que el Ciadi falle a su favor.
Muy distintos son los cálculos que maneja el equipo económico argentino. Según publica el diario La Nación, la presidente Cristina Kirchner habría dado el visto bueno para que se le deposite a la petrolera ibérica en una cuenta del Banco Nación unos 1.500 millones de dólares.
La cifra es sensiblemente menor a lo deseado por Repsol, por lo que sería rechazada. En ese marco, funcionarios de los ministerios de Economía y Planificación, junto con ejecutivos de YPF, avanzan en un plan para hacer un pago unilateral por ese 51% de las acciones expropiadas de la petrolera, según confió al matutino una fuente que participa de la iniciativa.
En tanto, fuentes del gobierno español en Madrid le dijeron al diario que la Argentina les hizo saber que estaba en estudio un plan que consistiría en depositar una suma determinada a favor de Repsol. “Se les transmitió a los enviados de la Casa Rosada que ese movimiento sólo aumentaría la hostilidad y no frenaría los juicios internacionales que ya están en marcha”, comentaron las fuentes consultadas.
El pago le permitiría al Gobierno cumplir con la ley local y manifestar su voluntad de negociar. El encargado de fijar el monto es el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que comenzó a estudiar el caso el mes pasado y podría emitir una conclusión a principios de octubre.
De acuerdo con la ley de expropiación, el Gobierno tiene 24 meses desde la expropiación para determinar el precio de la petrolera. Las acciones de Repsol pasaron a manos del Estado el 16 de abril de 2012, por decisión de Cristina Kirchner, acción que fue consensuada por el Congreso en una sesión maratónica el 3 de mayo de ese año.
