A partir de esta semana el gobierno de Brasil comenzará a reservarse la posibilidad de limitar las ventas de tierras a personas y empresas extranjeras. Así lo dispuso un dictamen aprobado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y publicado este lunes 23 de agosto en el Boletín Oficial del vecino país (Diário Oficial da Unico).
En Brasil la venta de tierras a extranjeros está regulada por la Ley 5709/71. La cuestión es que en 1998 ‘durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso’ se introdujo una modificación a dicha norma por medio de la cual las empresas controladas por capitales extranjeros y registradas en Brasil no eran consideradas compañías foráneas.
La modificación realizada por el nuevo dictamen, precisamente, equipara en términos jurídicos a las empresas extranjeras de aquellas empresas brasileñas controladas por capitales extranjeros.
‘Esta es una nueva interpretación (de la Ley 5709/71) que hará posible el conocimiento, control y supervisión del manejo de la compra de tierras por parte de extranjeros, que permitirá hacer extensiva a las empresas brasileñas controladas por extranjeros las limitaciones en el tamaño de los terrenos adquiridos’, dijo Ronaldo Vieira Junior, Consultor General de la República de Brasil, durante una conferencia de prensa ofrecida ayer en Brasilia junto al Procurador General de Brasil Luiz Inácio Lucena Adams.
‘La revisión tiene como objetivo garantizar la soberanía nacional en un área estratégica de la economía nacional y el desarrollo nacional’, añadió Vieira Junior (el proyecto completo puede verse aquí; “Parecer CGU”, al final de la página)
Todas las operaciones inmobiliarias comprendidas en el nuevo dictamen pasarán a ser fiscalizadas por el Estado brasileño. La nueva norma determina que los extranjeros tendrán un límite de adquisición de tierras de 50 módulos (cifra variable según la zona productiva) y que sólo podrán comprar campos con fines agropecuarios o industriales una vez que éstos sean aprobados por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Brasil (Ministério do Desenvolvimento Agrário). Además, la suma de las áreas rurales que pertenecen a empresas extranjeras o controladas por extranjeros no podrán superar el 25% de la superficie de los municipios.
“Lo que se ha comprado ya se han comprado: el dictamen no es retroactivo. Preserva la seguridad de las relaciones jurídicas’, indicó Luiz Inácio Lucena Adams (ver foto), para luego agregar que la norma será aplicable sólo para las nuevas operaciones.
El senador brasileño Jayme Campos apuntó hoy que sólo en la región de la Amazonia brasileña existen alrededor de 3,10 millones de hectáreas en manos de empresas y personas físicas extranjeras (un área equivalente al estado de Alagoas), según indicó un cable de la Agencia de Noticias de Senado del vecino país.
En la Argentina la venta de tierras productivas a extranjeros no está regulada ni se lleva un registro oficial de tales operaciones. En el Congreso se presentaron dos proyectos para regular esas operaciones: uno es impulsado por las diputadas de la Coalición Cívica Elisa Carrió y Susana García (ver aquí) y el otro por once diputados del bloque de la UCR (ver aquí).
