El ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, aseguró que no existe “conflicto de intereses” en el ejercicio de sus funciones al frente de la cartera nacional, y solicitó a la Oficina Anticorrupción que determine “si existe alguna incompatibilidad legal” que impida ocupar ese cargo.
El pedido cobró forma tras el informe presentado por la diputada nacional Margarita Stolbizer denominado “Informe sobre empleo público”, en el que denunció la continuidad en el Gobierno nacional de funcionarios nombrados en la gestión kirchnerista y con la designación de determinados dirigentes dentro de la administración actual.
En la nota que elevó al organismo al mando de Laura Alonso, el ministro descartó una incompatibilidad legal o conflicto de intereses en sus funciones y recordó que se encuentra “vinculado a la actividad agropecuaria desde distintos aspectos”.
“Soy tercera generación de productores agropecuarios de la provincia de Formosa; luego personalmente me he interesado en el bienestar y desarrollo del sector involucrándome de manera activa e institucional en el gremialismo, habiendo sido desde vocal de la rural de mi ciudad hasta vicepresidente de CRA; por último, el 2009 fue elegido diputado nacional por Formosa donde desempeñe como presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería. Todas estas actividades son de público conocimiento ya que mi CV se encuentra publicado en la web del Ministerio”, explicó el ministro en un comunicado.
La diputada por el GEN advirtió que “hay funcionarios de primera línea que tienen una manifiesta incompatibilidad en el ejercicio de sus tareas por haberse desempeñado hasta el día antes de asumir al frente de empresas privadas relacionadas con el cargo público que ahora desempeñan” y puso como ejemplo de esto al ministro Buryaile, entre otros.
Al respecto, el ministro nacional descartó una “animosidad” por parte de Stolbizer hacia su persona, pero resaltó “la superficialidad con la que se enuncian situaciones genéricas sin dar precisiones respecto a los que tan livianamente somos mencionados, así como también la incongruencia de sostener que, por estar, o haber estado, vinculado al sector, generaría a priori un posible conflicto de intereses siendo que por el contrario la aptitud y el profesionalismo requeridos a un funcionario público deben encontrarse justificados en sus antecedentes tanto personales como profesionales”.
