El Juzgado Federal de Villa María, a cargo de Mario Eugenio Garzón, dispuso el procesamiento de 25 personas bajo la figura de asociación ilícita a partir de los datos aportados por una investigación realizada por al Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).
La Afip indicó hoy lunes por medio de un comunicado que la organización se dedicada a la generación de ‘empresas fantasmas’ con el objetivo de blanquear operaciones agrícolas. ‘Se estima que la organización realizó operaciones por un valor superior a los 600 millones de pesos’, añadió el orgnismo.
El Juzgado Federal de Villa María procesó con prisión preventiva a quienes están sindicados como jefes de la organización: Miguel Ángel Seri, Guillermo D. Boldorini, Néstor Eduardo José Boldorini y Alberto D. Jauregui.
Además la justicia procesó a Carlos Sebastián Conte, Diego Nazareno Gasparini, Pablo Andrés Miriani, Luciano Norberto Salvucci, Alexis Agustín Font, Karina Esther Oliva, Paulo Ariel Rojas, Romina Beatriz Coppini, Nilda Rosa Beilmann, Angel Ismael López, Mónica Gabriela Funes, Jorge Alberto Peralta, Mónica Isabel Pronetto, Elena Rocío del Valle Orona, Alberto Oscar Mihaich, Raúl Osvaldo Gasparini, Ariadna Jesús Seri, María Julieta Seri, Sonia Morales, Martín Rodrigo Acuña y Jorgelina Rita Rosso
‘La ingeniería diseñada para ocultar a los reales productores de granos incluía a prestanombres y testaferros que formaban parte de sociedades comerciales, mutuales y cooperativas. Los integrantes de esta banda creaban y administraban decenas de carpetas de contribuyentes falsos, cuya utilización tenía por objeto ocultar a los verdaderos dueños, quienes no tributan impuesto alguno al fisco. Las operaciones se realizaban desde la firma Graneros SA, ubicada en Ayacucho 220 piso 2°, en la ciudad de Córdoba’, señaló la Afip.
‘Otra maniobra detectada consistía en la simulación de gastos e insumos destinados a la producción agrícola, vulgarmente conocida como venta de facturas truchas, la que se complementaba con el ‘servicio’ de simulación en el cumplimiento de medios de pago exigidos por la Ley Antievasión (movimientos bancarios y emisión de cheques a nombre de insolventes)’, añadió. Las primeras sospechas sobre la existencia de la banda delictiva surgieron a partir de las tareas de inteligencia realizadas por la Afip regional Córdoba en abril de este año.
‘Una vez confirmado el ilícito, se formuló una denuncia ante la Fiscalía Federal de Villa María, a cargo de Julián Falcucci, quien confirmó la existencia de la asociación ilícita que operaba en forma permanente en la zona y que tenía ramificaciones en los puertos cerealeros de Santa Fe, Rosario y Bahía Blanca. La investigación se profundizó con escuchas telefónicas dispuestas por el Juzgado del Dr. Garzón, Secretaría Penal Dr. Eduardo Caeiro, las que permitieron desentrañar la red dedicada a cometer y facilitar delitos tributarios. En el ejercicio de sus funciones, la AFIP Dirección Regional Córdoba se constituyó en querellante en esta causa’, indicó el comunicado.
El juez Mario Eugenio Garzón también colaboró con agentes de la Afip en los casos de Gran Dragón, Molyagro y Alimentos Tanchacha; de Carlos Conte, Miguel Ángel Seri y Luciano Salvucci; y de Acopiadora Oliva, Cerealcor y Agro Negocios Corralito S.A.
