El Consejo Federado Bonaerense (CFB) expresó su más absoluto desacuerdo con los proyectos de Ley Fiscal y de presupuesto 2012 presentados por la Gobernación de la provincia de Buenos Aires, y se declaró en estado de alerta y movilización al considerar que “una vez más el gobierno de Scioli persiste en su actitud constante de hacer las cosas en forma inconsulta; y en esta ocasión la situación se torna más grave porque el Poder Legislativo provincial, habiendo recibido la iniciativa no convoca a dar discusión sobre el tema”, señaló en un comunicado.
“Estamos ante una situación bien conocida; el gobierno actúa sin consensos, elevando en este caso un proyecto de presupuesto y ley impositiva para el próximo año que causará serios perjuicios a los pequeños y medianos productores. Ante esta actitud, manifestamos nuestro total y absoluto desacuerdo. Específicamente, es Impensable que se aumente el impuesto inmobiliario rural en un 27% para todas las zonas productivas de la provincia. En este sentido, desde FAA manifestamos nuevamente la necesidad imperiosa de que se segmente y diferencie a los productores, para evitar lo que sucederá si se aplica este esquema: que todos los productores paguen lo mismo, produzcan a pequeña escala o sean grandes grupos que siembran miles de hectáreas. Además, es inconcebible que se pretenda cobrar el 30% del tributo a partidos que están en el sudoeste bonaerense, que vienen soportando durante años serias adversidades climáticas”, manifestó el presidente del Consejo Federado Bonaerense y vicepresidente 2º de FAA, Guillermo Giannasi.
“Con el mismo criterio, nos oponemos al aumento en un 100% del tributo correspondiente a Ingresos Brutos, que pasaría a pagar del 1 al 2% de todas las ventas al por mayor de las materias primas agrícolas. Es necesario, además, eximir de este gravamen a los productores más pequeños, que día a día luchan por mantener en pie sus explotaciones”, señaló Julio Currás, director titular del CFB y vicepresidente 1º de FAA, y agregó: “Otro tema especial es el cambio sustancial que están intentando hacer en relación con la situación impositiva de las cooperativas, que pasarían a ser gravadas con IIBB, modificación con la que estamos abiertamente en desacuerdo, por el grave perjuicio económico que ello implicaría. Sin dudas, sorprende que un gobernador que adhiere a las políticas públicas del gobierno nacional vaya a contramano de lo planteado por las autoridades nacionales, que dijeron querer favorecer el cooperativismo”.
