La Subsecretaría de Ingresos Públicos de Santa Fe ‘con autorización previa de la Justicia’ trabó embargos por incumplimientos impositivos a las empresas Petrobras y Cargill por un total de 9 millones de pesos.
En el caso de Petrobras, se embargaron las cuentas corrientes de la empresa por una deuda de 8,50 millones de pesos, generada por el incumplimiento en el pago de impuesto a los Ingresos Brutos por actividades específicas y de Ley de Sellos.
En cuanto a Cargill, el embargo se debió a la deuda de $ 575.000 pesos que le reclama el fisco santafesino en concepto de Impuesto Inmobiliario.
‘Hoy en la provincia de Santa Fe tenemos, por primera vez en la historia del organismo recaudador, unos 100 embargos por 150 millones de pesos a empresas con deudas que arrastran desde hace años’, señaló la subsecretaria de Ingresos Públicos, Teresa Beren, por medio de un comunicado de prensa oficial.
‘Nuestro objetivo no es tener embargadas las cuentas corrientes, sino lograr una medida que nos permita hacernos del crédito que tiene la provincia de Santa Fe sobre esas empresas. Puede ser a través del cobro al contado, un plan de pagos, pero lo que buscamos es evitar que una determinación hecha por el fisco santafesino empiece a dar vueltas de oficina en oficina y no se cobre’, añadió.
Ambas acciones se desprenden de un relevamiento territorial y fiscal de las empresas portuarias del cordón industrial del Gran Rosario que la Subsecretaría de Ingresos Públicos realizó en enero pasado. A través de esa investigación, se detectaron 784.398 metros cuadrados de edificaciones que no estaban incorporadas a la base catastral de la provincia.
En ese marco, Beren encabezó el 2 de junio pasado un operativo en la planta de Cargill de Puerto General San Martín, en el marco del cual notificó a la empresa exportadora que adeuda $ 575.000 en concepto de Impuesto Inmobiliario por tener un total de 138.696 metros cuadrados de construcciones sin declarar en los tres establecimientos industriales que posee en territorio santafesino.
En el caso de Petrobrás ‘que cuenta con una refinería en San Lorenzo y una planta petroquímica en Puerto General San Martín’, el mismo relevamiento de la zona portuaria posibilitó detectar las irregularidades referidas a superficie no declarada (presentaba 2800 metros sin declarar que se regularizaron) y, fundamentalmente, en el pago de otros impuestos.
El gobierno de la provincia dio conocer en marzo los resultados de un relevamiento territorial y fiscal de las empresas portuarias del cordón industrial del Gran Rosario, a través del cual se detectaron 784.398 metros cuadrados de edificaciones que no estaban incorporadas a la base catastral de la provincia.
Según Beren, en algunos casos, también se advirtieron inconsistencias entre las actividades declaradas por las empresas y las instalaciones relevadas.
El operativo realizado por la Subsecretaría de Ingresos Públicos, dependiente del Ministerio de Economía de Santa Fe, permitió actualizar la información, y en consecuencia los controles fiscales, sobre las empresas titulares de puertos ubicados en el área ribereña del río Paraná, desde la localidad de Timbúes al norte hasta Villa Constitución al sur.
