“Todos los sectores que se han reunido conmigo, y esto es bueno que lo haga público, me han dicho que la prioridad es el tema social. Y como gobernador yo también lo entiendo así”, dijo el mandatario entrerriano sobre la contención que necesita uno de los sectores productivos que más generan mano de obra en la provincia de Entre Ríos.
Los primeros días de junio las heladas destruyeron prácticamente el 80% de la producción de mandarinas y naranjas en cinco departamentos de la provincia. Con la declaración de emergencia y desastre para la zona, el gobernador les brindó a los productores una herramienta impositiva, cuya homologación nacional se está tramitando.
Luego de elevar los diagnósticos preliminares a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Urribarri se reunió el lunes con los ministros de Agricultura, Norberto Yahuar, y de Trabajo, Carlos Tomada. Este jueves hizo lo propio en la sede de la Asociación de Citricultores con los ministros de la Producción, Roberto Schunk; de Trabajo, Guillermo Smaldone; y de Planeamiento, Juan Javier García; el presidente municipal de Chajarí, José Luis Panozzo, y un numeroso grupo de intendentes y presidentes de juntas de gobierno de la región, además del equipo de gobierno y los legisladores Enrique Cresto, María Angélica Torres y Luis Jakinchuk.
Además del presidente de la Federación del Cítrus, Elvio Calgaro, participaron el director ejecutivo de la Cámara de Exportadores del Citrus, Mariano Caprarullo; los titulares de las cuatro asociaciones citrícolas, de Chajarí, Villa del Rosario, Concordia y Federación; representantes del Sindicato de la Fruta, y de las Cooperativa de Plantadores, y de Federación Agraria, entre otros referentes del sector.
Más allá de las herramientas financieras que se sugirieron (financiamiento, traslado de vencimientos, asistencia económica y créditos productivos), el gobernador hizo hincapié en la necesidad de la reconversión tecnológica para el crecimiento y el desarrollo del sector citrícola en la provincia.
En el encuentro se definió ordenar la asistencia al productor mediante la presentación de declaraciones juradas individuales que den cuenta de los daños y se acordó priorizar a las personas afectadas en su fuente laboral.
