“Estudios realizados por el Consejo Nacional de Desarrollo, avalados por la Secretaría de Agricultura de la Nación, evidencian que la Argentina no sólo deberá afrontar en los años venideros una progresiva disminución de sus saldos exportables, sino que para el año 1975 no podrá siquiera atender las necesidades de su consumo interno.”
Esta tajante afirmación estaba rubricada por la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, la Asociación de Criadores de Haciendas, Coninagro y la Federación Agraria, en ese orden.
Era en una solicitada publicada en los diarios el 28 de noviembre de 1963, donde la dirigencia rural daba cuenta de su posición ante la cuotificación del mercado externo y la posibilidad de fijación de precios máximos para la carne vacuna.
Ese día, la crónica en la tapa del diario La Razón consignaba lo siguiente:
“El decreto de anoche limita la exportación de la carne congelada y enfriada hasta un total de 105.000 toneladas, suspende las exportaciones de ganado en pie, salvo las que ya se convinieron con los países de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y las previamente concertadas y denunciadas para otros destinos y resuelve que se arbitren los medios para evitar que sean destinadas a conservas las reses que resulten aptas para el consumo”, escribía el redactor, por aquellos años.
Por lo que se desprende de ese diario, la problemática de la ganadería vacuna de aquellos años era muy similar a la actual, o por lo menos el discurso construido en torno de ella guarda un preocupante paralelismo con los tiempos que corren.
“La ganadería ha sido diezmada durante los últimos años por una política de intervención estatal tendiente a restarle el valor real de su producción mediante diversos arbitrios, tales como determinación de precios máximos, manejo discriminado de (tipos de) cambio, progresivo aumento de los impuestos directos e indirectos, falta de apoyo crediticio y el incremento constante de los costos”, sostenían en 1963 los predecesores de Miguens, Llambías, Gioino y Buzzi.
Del lado gubernamental, se ve que la “creatividad” en los años de Illia era muy similar a la del kirchnerismo.
Los funcionarios del presidente radical entendían que restringiendo la exportación de la carne iban a crear un excedente que, forzado a volcarse al mercado interno, iba a hacer bajar el precio para los consumidores.
Fuentes oficiales le habrán dicho esto al cronista de La Razón, que escribía lo siguiente: “El Gabinete Económico Social analizó el problema de la carne a raíz de los aumentos experimentados, como un factor fundamental en el presupuesto familiar. No se contempla la fijación de precios máximos ni por el momento otros arbitrios de carácter coercitivo que alcancen la venta al público.
La existencia para consumo interno se verá incrementada y de un modo natural comenzaría a operar el mecanismo de la oferta y la demanda para hacer que el precio baje”.
Por aquellos años existía la Corporación Argentina de Productores de Carne, un organismo creado para que los productores participaran del negocio de la carne y, supuestamente, competir contra el monopolio frigorífico.
El radical Manuel Busquet Serra, ganadero de Bolívar, era presidente de la CAP en 1963, que contaba con 120 carnicerías en Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Fiel al Gobierno, la CAP (en teoría los productores) salió a decir que ofrecería más barato los cortes en sus mostradores.
Así, por ejemplo, el asado se vendería a 56 $/kg. Pero al periodista de La Razón le bastó acercarse hasta la cadena Proveedurías del Sur, para comprobar que allí el popular corte se vendía a$80 el kilo.
La crónica del vespertino señala que, en otra cadena de carnicerías, inspectores de la Junta Nacional de Carnes se habían apersonado para comprobar los precios a los que se vendía la carne.
Es decir, han pasado 45 años y todo parece estar exactamente igual o peor. “Argentinos, a las cosas.”
