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El sector agropecuario insiste en su pedido de siempre: “Regla de juego claras”

Más de 280 dirigentes agropecuarios de todo el país se reunieron en el plenario regional de economías regionales organizado por CAME.

infocampo
Por Infocampo

Un 63 por ciento de las explotaciones agropecuario del país, de las 256.881 existentes , corresponden a economías regionales, según datos del Censo Nacional Agropecuario 2018.

Estas pequeñas y medianas empresas continúan con serias dificultades para ofrecer sus productos por los constantes cambios normativos, lo que se suma a las dificultades para registrar y desvincular trabajadores, altos costos energéticos y de tasas para acceder a créditos, y una falta de política tributaria regionalizada. Esto fue lo que plantearon más de 280 dirigentes agropecuarios de todo el país, representando a los pequeños y medianos productores, quienes realizaron un plenario en la sede de la Confederación Argentina de la mediana Empresa (CAME) en Buenos Aires. 

El objetivo de la reunión es elaborar un paquete medidas que permitan al sector recuperar rentabilidad y competitividad. “El gran desafío de Argentina es poder insertarse inteligentemente en el mundo con agroalimentos”, señaló el titular de Economías Regionales de CAME, Eduardo Rodríguez.

Haciendo un balance de la gestión de Mauricios Macri y planteando desafíos, Rodríguez destacó: 

ACIERTOS: Adelantamiento del “Mínimo No Imponible” pedido por la entidad, la baja de derechos de exportaciones, el apoyo al proyecto de Ley de Góndolas y la Ley de Emergencia Citrícola.

“La desburocratización del Estado, la apertura de nuevos mercados y la buena predisposición al diálogo son cosas que anhelamos que se mantengan y promuevan en el próximo gobierno”.

DESAFÍOS: Mejores políticas laborales, un régimen tributario capaz de diferenciar por tamaño de empresa y región, incentivos a la inversión, extensión del Mínimo No Imponible a más actividades productivas, compensación de combustible para bajar el costo del flete, costos energéticos, retenciones y mayores reintegros a la exportación, suspensión del impuesto al cheque, un Plan de Conectividad para zonas rurales tendiente a federalizar el acceso a Internet, y seguridad alimentaria como política de Estado