“Es una solución salomónica”. “Es un parche a un problema complejo”. Así calificaron los legisladores oficialistas y opositores, respectivamente, a la última medida del Gobierno provincial que busca mitigar la crisis de la “actividad madre” de la economía provincial, la azucarera, según publicó La Gaceta.
La Legislatura provincial aprobó ayer en una “sesión especial y extraordinaria” la reforma de la Ley 8.573, la exención del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos para los cañeros de hasta 100 hectáreas y la aplicación de un nuevo mecanismo para calcular la cuota de exportación de los ingenios y los productores. En particular, el cuerpo aprobó un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo, que fija una cuota “promedio” para asegurar “la eliminación de los excedentes” de producción (el envío de azúcar “físico” a los mercados internos por parte de los ingenios). Se trata de un sistema que combina “dos posturas extremas”, indicó el titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Ramiro González Navarro, en la presentación del proyecto de ley.
“Por un lado, se calcula cuánto de azúcar tendría que exportar cada ingenio aplicando el régimen legal vigente (por el porcentaje de garantía de exportación), computando el alcohol no proveniente de melaza, como quieren los ingenios ‘alcoholeros’. Por el otro lado, se computa cuánto de azúcar debería enviar al exterior cada industria eliminando el cómputo (producción) del alcohol no proveniente de melaza, es decir, ‘físico sobre físico’, como propician los ‘azucareros’ (están fuera del programa bioetanol). Al final, para establecer la obligación de exportar de cada uno, ambos valores se suman y se dividen en dos”, comentó el legislador.
La ley provincial, creada en 2013, determina la implementación de un sistema de garantía y el cómputo del cupo de exportación en la provincia, según la producción de cada ingenio y de los cañeros. Para la actual zafra, se anunció que un 40% de la campaña se destinará al comercio exterior, a partir de una estimación de alta producción, de un máximo de 1,77 millón de toneladas de azúcar, incorporando al alcohol. Ese porcentaje fue calificado de “perjudicial” por organizaciones de agricultores y los industriales “azucareros”, teniendo en cuenta el bajo precio internacional de la bolsa de 50 kilos de azúcar, además del deprimido valor interno a raíz de la sobreoferta. Por ello, la última medida del Gobierno podría reducir la proporción de azúcar para la venta externa.
El ministro de Desarrollo Productivo, Jorge Feijóo, informó ayer que lleva adelante una revisión de los excedentes, a través del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol (Ipaat). Destacó que el incremento de 10% a 12% de la mezcla de alcohol de caña en las naftas generaría un escenario más liberado.
El nuevo esquema de exportación y la “alícuota cero” en Ingresos Brutos se extenderán durante un año.
Tras la sesión, el secretario de la Federación de Cooperativas Cañeras de Tucumán, Avelino Valdez. manifestó que espera que los ingenios cumplan con lo que se estipuló la iniciativa oficialista, respecto de la incorporación a la norma de un nuevo artículo 5: los ingenios deberán priorizar y garantizar la molienda de caña de azúcar de los productores de hasta 100 hectáreas. “Es el peor momento (de las cooperativas) por la presión fiscal que ejerce la AFIP. Si no se avanzaba con estas medidas, muchas cooperativas y asociaciones de productores no iban a quedar de pie”, dijo.
La oposición, en general, votó a favor del proyecto (debe ser reglamentado por el Ejecutivo). Sin embargo, cuestionaron la falta de control de producción y exportación del Ipaat y sugirieron que una de las soluciones sería la creación de una ley nacional que regule la actividad azucarera, para evitar nuevos períodos de crisis. Roberto Sánchez, del Acuerdo Cívico y Social (ACyS), advirtió sobre una campaña “a pérdida”, debido a la brecha entre los precios del producto y el costo de cosecha y flete, además de la “carga impositiva”, entre otros factores. “No están todos de acuerdo con esta modificación”, enfatizó.
