La estatización de las AFJPs aumentará la dependencia de las provincias con la Nación

El proyecto de confiscación de los ahorros privados de los trabajadores que pretende imponer el gobierno nacional aumentará aún más la dependencia económica de las provincias con la Nación.  

‘Buena parte del dinero que recaude el Estado a través de las jubilaciones les corresponderá a las provincias: el tema es ver si los gobernadores van a estar dispuestos a reclamar lo que les pertenece’, dijo hoy a Infocampo Luciana Díaz Frers, directora del Programa de Políticas Fiscales del Centro de Investigación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

‘Si el régimen de coparticipación no se cumple actualmente, menos se va a cumplir con la reforma del sistema de jubilaciones’, advirtió Díaz Frers, para luego mencionar que ‘este proyecto (de estatización de las jubilaciones) debe ser el punto de partida para reclamar una auténtica reforma del régimen de coparticipación nacional’.

Si se cumple el  traspaso  de  las  AFJPs al sistema público, las provincias podrían reclamar a la Nación al menos 5000 M/$ anuales y, del stock de más de 90.000 M/$ que se transferiría de las AFJP al Anses, podrían pedir al menos 32.000 M/$.  

Esto porque a partir de la Ley 24.621, desde 1996 las provincias cedieron un 20% del Impuesto a las Ganancias para financiar el ‘déficit transitorio’ que generó la privatización del sistema jubilatorio. Al revertirse la privatización, dejaría de existir la razón de esa transferencia.

Si se supone que la recaudación de Ganancias en 2009 será igual que la de 2007 (seguramente será mucho más al no haber ajuste por inflación), entonces con un ingreso anual por ese concepto de 44.000 M/$, ese 20% entraría a la masa coparticipable, de la cual el 56%, o casi 5000 M/$ debería destinarse a las provincias.

Si  además la Anses se  apropia de los fondos privados de las AFJP,  se estaría quedando con los recursos que dejaron de ingresar a las provincias desde 1996 a la fecha, los cuales, según estimaciones de Cippec, ascienden a unos 32.000 M/$.

‘En la actualidad no existen criterios ni un mapa de necesidades para la asignación de recursos: solamente hay asignaciones arbitrarias por parte del gobierno nacional’, apuntó Díaz Frers, y añadió que ‘sería positivo que por lo menos las provincias puedan cubrir parte de sus deudas con el dinero que les corresponde’.