La Cámara alta avaló por 39 votos contra 29 el proyecto que crea un marco regulatorio sobre el uso de las cautelares contra el Estado, para evitar que con esto se pueda trabar la aplicación de una iniciativa por un tiempo excesivo.
La iniciativa fue aprobada por 39 votos con el voto de los senadores del kirchnerismo, del Movimiento Popular Neuquino, Nuevo Encuentro, la justicialista pampeana María de los Angeles Higonet, y el correntino del Frente de Todos, José María Roldan.
La iniciativa diseñada por el gobierno establecerá que las cautelares no podrán tener una vigencia superior a seis meses en el proceso ordinario, ni de tres meses en el proceso sumarísimo o de amparo y se podrán extender por seis meses, siempre que ello resultare procesalmente indispensable.
En el cierre de la sesión, el jefe del bloque oficialista, Miguel Ángel Pichetto, consideró que “uno de los problemas en la Argentina es la fuerte estructura corporativa” y mencionó que “el interés colectivo, representado por el Estado, no puede llevar adelante acciones porque el peso de estas corporaciones desarrolladas con mucho poder económico en la Argentina lo impiden”.
Asimismo, Pichetto destacó que “las medidas cautelares no pueden dudar `sine fine`” y que “es un criterio razonable que sean por seis meses, pudiéndose prorrogar 6 más”.
Desde la oposición, el jefe del bloque radical José Cano dijo que el oficialismo quiere “recuperar el Estado para concentrar más poder” y criticó que en un “trámite sumarísimo” y “sin profundidad” se debaten leyes “que el gobierno dice que son `democratización de la justicia`”.
El proyecto establece que un juez solo podrá dictar una medida cautelar cuando es competente en la causa, y solo podrá tener validez si dicta esa medida -aunque no le corresponda- si se encuentra comprometida la vida digna, la salud, el derecho alimentario o los sectores en estado vulnerable.
También se habilita al juez a dictar la medida cautelar de manera inmediata y dar luego parte al Estado en casos por riesgo ambiental.
Además, solo podrá dictarse una cautelar sin recibir el informe previo cuando se deba proteger la vida o la salud de una persona o a los sectores en estado vulnerable.
Asimismo, cuando hay litigio entre un juez civil y otro contencioso administrativo la cuestión debe ser resuelta por la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
Por otro lado, el proyecto dispone que los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa o distraiga de su destino los bienes o recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personal pecuniarias.
También establece que las medidas cautelares contra el Estado se aplicarán una vez que el solicitante otorgue caución real o personal por las costas y daños y perjuicios que la medida pueda ocasionar.
En caso de interrupción de servicios públicos, el Estado podrá presentar todo tipo de cautelares para garantizar la prestación de tales servicios.
Aunque, esa medida no será de aplicación cuando se trate de conflictos laborales, ya que en los casos en los que esté comprometida la libertad sindical, el Estado podrá interponer una cautelar contra una medida gremial sólo si afecta un servicio esencial, si se concretó sin previo aviso y si no se acató una conciliación obligatoria.
Por su parte, la Cámara de Diputados la Nación aprobó, en general y en particular, y dio paso al Senado, los tres proyectos enviados por el gobierno nacional.
Los legisladores votaron por separado cada uno de los proyectos, los que abordan el acceso democrático a la Justicia, la publicidad de las causas judiciales y la publicidad de declaraciones juradas de funcionarios públicos en Internet.
La primera de las iniciativas tuvo el respaldo de 133 votos afirmativos y 109 negativos; la segunda, 136 a favor y 106 en contra, y la tercera, 140 adhesiones y 101 rechazos.
El debate tuvo un nuevo capítulo de confrontación entre oficialismo y oposición, en el que el kirchnerismo volvió a insistir en que las iniciativas del gobierno apuntan a “democratizar la Justicia” y las fuerzas opositoras respondieron que el objetivo real es “controlar el Poder Judicial, recortar poder a la Corte Suprema y reasegurar la impunidad”.
