La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de la provincia de Córdoba dio a conocer su “profunda preocupación” frente a lo que consideró una “falta real de apertura participativa en el proceso de reglamentación” del articulado de la Ley de Política Ambiental Provincial N° 10.208 y el consecuente Ordenamiento Ambiental del Territorio, según publicó La Voz.
En un comunicado difundido esta semana, se señala que esa falta de participación “atenta contra la posibilidad de expresión de entidades académicas, colegios que nuclean a profesionales del área y a instituciones gremiales representativas de los productores agropecuarios, entre otros sectores y actores sociales”.
“El incumplimiento implica trasgredir el texto de una ley surgida de un amplio consenso y termina, en la práctica, poniendo límites a futuras intenciones de inversión en territorio cordobés”, advierten las organizaciones rurales.
La nueva ley ambiental, aprobada el año pasado por la Legislatura, fue promovida por el gobernador José Manuel de la Sota con el objeto de incorporar una mayor base normativa en materia de “convivencia ambiental” y establece un cambio marco para diferentes actividades productivas, agropecuarias e industriales. Como antecedente inmediato se ubicó el conflicto por la radicación de la planta de semillas de maíz de Monsanto en Malvinas Argentinas.
Las entidades rurales aspiran a que sus equipos y asesores técnicos se incorporen al análisis de la reglamentación de la ley. Entre los ejemplos, en el sector se menciona que aún no fueron subsanados los puntos de colisión entre la ley de ordenamiento territorial del bosque nativo (ley de bosques) y sus posteriores reglamentaciones, lo que ha afectado en particular a las inversiones ganaderas, se indicó.
