El proyecto de Ley es fruto de un viejo reclamo de los plantadores de tabaco y del diputado Héctor Bárbaro, del Partido Agrario y Social, autor de la iniciativa que insiste con su aprobación desde 2008, pero recién logró el apoyo unánime del cuerpo en la jornada de ayer, hecho que el legislador resaltó y agradeció durante su exposición, según publicó Misiones Online.
Hasta el momento, los productores de tabaco que padecen este tipo de afectación deben esperar a que las asociaciones de plantadores o las cooperativas (APTM y CTM) eleven un listado de afectados al seguro contratado al efecto. Tanto ese seguro como lo resultante de la siniestralidad se pagan con plata del Fondo Especial del Tabaco, pero ese trámite no sólo es engorroso, sino que además el dinero llega aproximadamente un año después de la afectación, por lo que no se cumple con la premisa de solucionar el drama de quien quedó sin producción y sin medios de subsistencia.
Con la nueva ley aprobada ayer, esos fondos del FET serán administrados por el Ministerio del Agro y la Producción para asistir en forma inmediata a los afectados, ya que se establecen plazos precisos: en 10 días el productor deberá recibir en su cuenta el 50% de lo que corresponda por la afectación, y el restante 50% en no mas de 30 días.
Según expresó Bárbaro, la Ley además frenará manejos poco claros en relación a estos fondos, ya que a la fecha no se conoce el listado de los productores afectados y beneficiarios del dinero en los últimos tres años, con lo que resulta imposible controlar su efectiva aplicación correcta y legal. De hecho en el recinto, el legislador dijo que existen fuertes sospechas de que parte del dinero que quedó como excedente no fue devuelto por una maniobra de manipulación del índice de siniestralidad.
Estudios de prefactibilidad
Por otra parte, se aprobó el tratamiento preferencial del proyecto de comunicación del Diputado Bárbaro, por el cual pretende que el Poder Ejecutivo informe si hubo algún tipo de autorización para el inicio de los trabajos en el marco de la licitación pública internacional 1/2010 que definió la consultora para el estudio de prefactibilidad de la represa Garabí Panambí. Esto, porque se comprobó en los últimos días que la consultora comenzó los trabajos en la zona de Panambí sin haber solicitado los permisos pertinentes establecidos en la Ley provincial 56.
El presidente del PAyS, Isaac Lenguaza, acompañó a los integrantes de la Mesa No a las Represas en la verificación in situ de la incursión de los técnicos, que comenzaron a abrir senderos en el monte, ingresaron a propiedades privadas e iniciaron estudios de roca con maquinaria pesada. Desde el PAyS solicitaron la paralización de los mencionados estudios técnicos, hasta tanto la Cámara de Representantes no autorice expresamente el inicio de los mismos mediante la sanción de una ley al efecto, conforme a lo dispuesto por los artículos 4º y 5º de la Ley IV – Nº 56.
