Al menos cuatro gobernadores de provincias donde se han instalado plantas de biodiésel hicieron llegar a funcionarios del área del viceministro de Economía, Axel Kicillof, su preocupación por la decisión del Gobierno de bajar un 15% el precio del producto que las empresas venden en el mercado interno.
El 10 de este mes, cuando Kicillof anunció una suba de las retenciones al biodiésel para dejarlas en una tasa efectiva del 24%, paralelamente se dio a conocer un decreto que estableció un nuevo precio, inferior a lo esperado por las empresas. Así, contra los $ 5195 por tonelada que había dispuesto el Ministerio de Planificación Federal el mes anterior, el valor quedó en $ 4405,3, que significa una merma del 15 por ciento.
Esta situación colocó a las pymes, que en su mayoría vuelcan su producción al mercado local para las petroleras que cortan el gasoil con biodiésel en un 7 por ciento, en una situación de quebranto porque con el nuevo precio no cubren sus costos. De hecho, algunas pymes adelantaron su decisión de cerrar a fin de mes. Es el caso, por ejemplo, de Aripar Bio, de Daireaux, que denunció que le resultaba “imposible” seguir funcionando.
Según publicó La Nación, los gobernadores en cuestión serían tres de buena sintonía con la Casa Rosada y uno opositor. Por los primeros, se trata del radical K santiagueño Gerardo Zamora, el entrerriano Sergio Urribarri y el neuquino Jorge Sapag. Mientras tanto, el opositor es el socialista Antonio Bonfatti, gobernador de Santa Fe.
