Un grupo de diputados del Peronismo Federal propusieron crear un “Régimen de Derecho de Preferencia de los Estados provinciales y del Estado nacional en las Transferencias de Tierras de Inmuebles Rurales” a empresas extranjeras o nacionales cuyos socios o capitales sean foráneos.
El proyecto propone otorgar prioridad de opción de compra al Estado provincial cuyas tierras sean de su jurisdicción y, en caso de que el mismo no ejerza dicha opción, podrá hacerlo el Estado nacional “a los efectos de proteger el medio ambiente por medio de la utilización racional de los recursos naturales, preservar el patrimonio natural y cultural y la diversidad biológica”.
La medida será aplicable a “toda transmisión a cualquier título” “con excepción de la correspondiente a derechos hereditarios”, en la cual el vendedor del campo deberá comunicar a las autoridades provinciales y nacionales “los datos esenciales del contrato que pretende celebrar y la finalidad o destino que el pretenso adquirente le dará al inmueble conforme a su proyecto productivo o de inversión con un plazo de antelación no menor a 60 días a su formalización”.
La propuesta indica que el Estado provincial tendrá durante 30 días la prioridad para ejercer el derecho de opción de compra o adquisición “por el mismo precio que fuera oportunamente comunicado por el transmitente”. Una vez vencido ese plazo, si el Estado provincial opta por no comprar el campo, deberá notificar su decisión al Estado nacional para que éste “también en un plazo de 30 días” pueda ejercer la opción de adquirirlo.
“En el caso que ni los Estados Provinciales ni el Estado Nacional ejerzan el derecho de opción de compra o adquisición, la formalización de la operación de transferencia aludida, no podrá ser realizada por un precio menor por el que se le otorgó dicha opción a los referidos Estados”, expresa el proyecto.
El texto aclara que la medida no será aplicada “con carácter de excepción y con la previa conformidad de la Autoridad de Aplicación” en los casos de operaciones realizadas por personas físicas extranjeras que tengan cónyuge o descendientes argentinos y aquéllas que demuestren residencia efectiva mayor a 10 años en el país.
Además se establece que los propietarios de campos tendrán un plazo de seis meses para comunicar a las autoridades “la cantidad de áreas rurales bajo su órbita”. Para tal fin se determina la creación de una “Dirección Provincial de Catastro y Tierras Fiscales” y un “Registro Provincial de Productores Agropecuarios y Propietarios de Inmuebles Rurales” en cada jurisdicción.
“La inscripción en dicho Registro Provincial de Productores Agropecuarios y Propietarios de Inmuebles Rurales será anual y obligatoria, comprendiendo a todos los productores agropecuarios o titulares de predios rurales en los términos que establezca la Reglamentación”, dice el proyecto.
“Asimismo el Registro de la Propiedad Inmueble de cada una de las provincias dispondrá de los medios técnicos necesarios para que en el sistema de folio real vigente se puedan identificar los inmuebles de titularidad de personas extranjeras o de sociedades”, dice el proyecto.
La iniciativa está firmada por los diputados del Peronismo Federal Mario Merlo, Ivana Bianchi y Alberto Pérez (San Luis); Enrique Thomas (Mendoza); Roberto Mouilleron (Buenos Aires); Eduardo Ibarra (San Juan); y Carlos Carranza (Santa Fe).
