Un reciente informe elaborado por los economistas Juan Manuel Garzón y Franco Artusso del Instituto de Estudios (IERAL) de la Fundación Mediterránea deja muy en claro el alto peso que tienen los impuestos en la producción agrícola argentina, incluso en un escenario de márgenes muy estrechos para la actividad como los actuales.
En la actual coyuntura de avance de la cosecha 2025/26 hacia su tramo final, Garzón y Artusso advierten que la campaña finaliza con un enorme contraste entre el récord productivo esperado y la rentabilidad sectorial escasa, como consecuencia de la baja en los precios del maíz y la suba de los costos del transporte y de distintos agroinsumos, como por ejemplo los fertilizantes.
El problema es que, además, el peso de los impuestos no cede, fundamentalmente como consecuencia de las retenciones, y tienen un impacto superior incluso en las zonas menos favorecidas del país; es decir, lejos de la zona núcleo.
“La carga tributaria que soporta la actividad en algunos casos absorbe más de las tres cuartas partes del excedente económico generado por cada hectárea puesta en producción”, advierten los autores.
LA RENTABILIDAD DEL AGRO 2025/26
En el comienzo del informe, Garzón y Artusso centran su análisis en un modelo teórico basado en cuatro situaciones típicas según zona geográfica (núcleo y extrapampeana) y régimen de tenencia de la tierra (campo propio y alquilado). A partir de ello, estiman la rentabilidad agrícola para el período enero 2018–marzo 2026.
Lo que suponen son establecimientos de una escala de 500 hectáreas, con un sistema básico de rotación de cultivos “50 y 50” entre soja y maíz, y también contemplando diferentes requerimientos de insumos y labores, de acuerdo con las condiciones productivas de cada región. En cuanto a la estimación del costo del alquiler, se expresa en quintales fijos de soja por hectárea y se valúa al precio FAS Rosario vigente al momento de la cosecha.
La rentabilidad que calculan se mide a través del margen neto por hectárea del productor, calculado como la diferencia entre ingreso total (valor de la producción a precios FOB), costo total (estructura, insumos, labos agrícolas gastos comerciales y de transporte, y cosecha) e impuestos (tanto nacionales como provinciales) que recaen sobre la actividad.
En este marco, los investigadores aclaran que los rendimientos de los cultivos se suponen constantes a lo largo del tiempo, lo que significa que no se incorporan shocks positivos o negativos sobre los parámetros productivos durante el período bajo análisis, como el impacto de la sequía 2022/23 o el efecto de la “chicharrita del maíz” en 2023/24.
Teniendo en cuenta todas estas características, en marzo de 2026, los márgenes netos de productores propietarios se ubicaron en U$S 402 por hectárea en zona núcleo y U$S 81 por hectárea en zona extrapampeana.
En el caso de los arrendatarios, los márgenes son más ajustados pero aún positivos en zona núcleo (U$S 26 por hectárea) y se encuentran en terreno negativo en zona extrapampeana (-U$S 78 por hectárea).
“Estos valores se ubican, en todos los casos, entre U$S 140 y U$S 190 por hectárea por debajo de su respectivo promedio mensual del período enero 2018-diciembre 2025″, indican Garzón y Artusso.
¿POR QUÉ CAE TANTO LA RENTABILIDAD?
De acuerdo con los economistas, la pérdida de rentabilidad se explica tanto por menores ingresos como por mayores costos. Algunas cuentas son simples: entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, los ingresos cayeron 2% en dólares reales, mientras que los costos aumentaron entre 6% y 8%, según el caso.
Puntualmente, la reducción de los ingresos del establecimiento responde a una caída en el precio del maíz que no llegó a ser compensada por la mejora en el precio de la soja.
En tanto que el aumento de los costos se explica principalmente por la suba del gasoil —con impacto sobre el flete y la movilidad del campo— y de los fertilizantes.
“El aumento de costos afectó proporcionalmente más al maíz. Por un lado, porque el flete tiene mayor incidencia relativa en este cultivo; por otro, porque uno de los insumos que más aumentó fue la urea, fertilizante utilizado en maíz pero no en soja. En consecuencia, la caída reciente de los márgenes del establecimiento se explica, sobre todo, por el deterioro de los márgenes netos del maíz”, subrayan los especialistas.
CARGA TRIBUTARIA AGRÍCOLA
En este contexto, el cálculo que realizan de la Carga Tributaria Agrícola (CTA) es sobre el Excedente Económico de la actividad antes de impuestos, definido como la diferencia entre el ingreso FOB y los costos de producción del establecimiento.
En la proyección se contemplan impuestos nacionales —Derechos de Exportación, impuesto a las ganancias e impuesto a los débitos y créditos bancarios— e impuestos provinciales —ingresos brutos, inmobiliario rural y sellos—. Para los impuestos provinciales, se toma Córdoba como referencia de la zona núcleo y Santiago del Estero para la zona extrapampeana.
El resultado al que llegan Garzón y Artusso es que, durante los últimos 12 meses (abril 2025 — marzo 2026), la CTA promedió 55% en zona núcleo y 76% en zona extrapampeana.
“En otros términos, el fisco absorbió el 55% y el 76% del excedente económico generado por una hectárea agrícola en cada una de estas zonas, respectivamente. La tendencia es descendente en el último año, aunque partiendo de niveles máximos alcanzados a fines del 2024″, remarcan.
Pero un aspecto clave que resaltan es que la carga tributaria resulta mayor en la zona extrapampeana no porque allí se paguen más impuestos en términos absolutos, sino porque el excedente económico que puede generar la actividad —dados sus rindes, costos de producción y distancia a los puertos— es menor que en la zona núcleo, caracterizada por mayor productividad y mejores condiciones logísticas.
EL PERJUICIO DE LAS RETENCIONES
“De lo anterior se desprende que la estructura tributaria que recae sobre la actividad agrícola afecta proporcionalmente más a las zonas de menor capacidad de pago. La explicación principal está en el peso de los Derechos de Exportación (DEX) dentro de dicha estructura. Al tratarse de un impuesto que grava el ingreso bruto del establecimiento —como porcentaje del precio FOB—, su incidencia no se ajusta a la rentabilidad neta o capacidad contributiva del productor, a diferencia de lo que ocurre con el impuesto a las ganancias”, establecen.
Otra vez, las cuentas son claras: las retenciones explican 34% del excedente en la zona núcleo, mientras que en la zona extrapampeana 58%. “Es decir, el mismo impuesto absorbe una proporción sustancialmente mayor del excedente económico en la región de menor productividad relativa”, sintetizan.
Lo contrario ocurre con el impuesto a las ganancias: representa 18% del excedente en zona núcleo y apenas 8% en zona extrapampeana, justamente porque este tributo se aplica sobre el resultado neto y, por lo tanto, se ajusta en mayor medida a la capacidad de pago.
Así, los DEX son el principal motor de la paradoja de que el indicador de la carga tributaria suba aunque las alícuotas bajan, porque al gravar el ingreso bruto del establecimiento, su recaudación no se ajusta por los costos de producción ni por la rentabilidad neta.
“Si los costos suben y el excedente cae, las retenciones no ‘sienten’ el deterioro: siguen recaudando en proporción al valor vendido. El numerador de la CTA no baja cuando baja el denominador, y el cociente sube. Lo contrario ocurre con el Impuesto a las Ganancias, que tiene una lógica bien diferente. Al gravar la ganancia neta, su base imponible se contrae cuando los costos suben o los precios caen. La recaudación por Ganancias acompaña hacia abajo al excedente económico, lo que le otorga una capacidad de amortiguación que las retenciones no tienen”, explican Garzón y Artusso.
Como ejemplo mencionan que en 2021 y 2022, los derechos de exportación sobre la soja eran del 33%, más altos que los actualmente vigentes (24%). Sin embargo, los precios internacionales de los granos eran excepcionalmente elevados (efecto postpandemia y guerra en Ucrania), lo que generaba mayores excedentes económicos.
“La alícuota era mayor, pero el denominador también lo era, y en mayor proporción. El resultado fue una CTA más moderada que la actual”, resumen.
En síntesis: la carga tributaria efectiva no depende solo de lo que cobra el fisco, sino también de lo que genera la actividad. Y dentro de la estructura tributaria vigente, son los Derechos de Exportación, por su insensibilidad a los costos y a la rentabilidad, los que explican en mayor medida por qué esa carga puede resultar más pesada precisamente cuando la situación del productor es más difícil.
De este modo, como conclusión final, los economistas comentan que la campaña 2025/26 ofrece un contrapeso importante en términos de volumen: una cosecha que se perfila entre las mejores de la historia puede compensar, a nivel agregado, el deterioro del margen por hectárea.
“Pero eso no debería soslayar un problema estructural que persiste: una carga tributaria que recae con mayor fuerza sobre quienes menos pueden soportarla, y que se vuelve más pesada precisamente cuando la rentabilidad se deteriora. Ese desajuste entre la estructura impositiva y la capacidad contributiva real del sector es, todavía, una deuda pendiente de la política tributaria argentina”, advierten.
