El gobierno de Salta avaló el desmonte en la finca del primo de Peña y apuntó contra Greenpeace

El gobierno de Salta apuntó contra Greenpeace y aseguró que el desmonte que se llevaba a cabo en la finca Cuchuy, en el norte provincial, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal, fue avalado por la Justicia.

El conflicto se inició cuando activistas de la ONG detuvieron las topadoras en el momento justo en que se encontraban deforestando en los bosques, que le pertenecen a Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nacón, Marcos Peña.

Según el organismo, esos bosques “están protegidos por la Ley Nacional de Bosques y la finca fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en las Categorías I – rojo y II – amarillo, donde se prohíben desmontes”. “Sin embargo, su dueño solicitó al gobierno provincial el cambio de zonificación de gran parte de la finca a la Categoría III – verde para poder deforestar 8.962 hectáreas, la superficie de media ciudad de Buenos Aires. Ya lleva desmontadas más de 5.000 hectáreas”, denunció.

Por su parte, el gobierno de Juan Manuel Urtubey salió a responder las acusaciones y aseguró que “la autoridad competente avaló el cambio de uso del suelo” y comunicó que esos trabajos que se ejecutan desde 2014 “se ajustaron a la normativa ambiental vigente al momento de su autorización”. “Sólo la Justicia podría paralizar la actividad”, remarcó.

En declaraciones a la agencia Télam, autoridades provinciales recordaron que la Ley de Bosques Nativos establece que “las provincias son las que dictan sus ordenamientos territoriales y que en este caso la autoridad de aplicación es el Ministerio de Producción local, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable”. De hecho, citaron el decreto 2211/10 al subrayar que aprobó el procedimiento de análisis de proyectos a nivel predial en esa finca.

Por otro lado, se refirió a un acuerdo alcanzado con la comunidad wichí Laguna Cuchuy, a través del cual la empresa se comprometió a donarles 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la norma como reserva natural. 

“Estos bosques, además de concentrar muchísima biodiversidad, son la casa, el almacén y la farmacia de varias comunidades indígenas. Destruirlos es un crimen. Hay que parar las topadoras en forma urgente”, sostuvo Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

No es la primera vez que los ecologistas realizan denuncias en relación a este tema: en 2014 se movilizaron para frenar las prácticas y en diciembre pasado también hubo protestas.

“La deforestación afecta en forma directa a cuatro comunidades wichi, cuyas familias quedaron encerradas entre varias fincas que fueron desmontadas en los últimos años”, consideró la ONG.

Marina Friedlander

Periodista