Esta posición fue fijada por Coninagro, Confederaciones Rurales Argentina (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA), y la Sociedad Rural Argentina (SRA) y contó con la adhesión de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).
Las entidades gremiales admitieron que “en más de un noventa por ciento, el SENASA se financia a través de tasas y aranceles que aporta el sector productivo y agroindustrial, al que hoy se quiere excluir del control social de ese organismo”.
Los ruralistas admitieron en un comunicado conjunto que “dada la importancia que esta medida significa para nuestros representados, llevaremos a las más altas instancias la defensa de nuestros legítimos derechos de acuerdo a la legislación vigente”.
