Pese a que los diferentes bloques del Senado Nacional se habían comprometido a dar rápido tratamiento al proyecto de la denominada âLey de Bosquesâ, la sanción de la norma sigue demorada desde hace tres meses en la Cámara Alta.
En marzo de este año, la Cámara de Diputados giró al Senado el proyecto promovido por Greenpeace y otras organizaciones ambientalistas, el cual establece una moratoria de un año para los desmontes y determina pautas para realizar un ordenamiento territorial de los bosques nativos.
La presidenta de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado, Silvia Ester Giusti (bloque Frente Para La Victoria), dijo hoy a Infocampo que el proyecto âque cuenta con media sanción de Diputadosâ fue girado a seis comisiones diferentes de Cámara Alta, pero que aún no se han reunido para discutir el tema.
Giusti remarcó que âel proyecto de ley, tal como fue presentado, violaría el artículo 124 de la Constitución Nacional, donde se expresa, textualmente, que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. De todos modos, con algunas modificaciones, creemos que la ley este año sí o sí se apruebaâ.
Senadores de las provincias de Misiones, Salta, Formosa y Santiago del Estero se oponen al proyecto girado tal como fue enviado por Diputados. En ese sentido, la senadora nacional Liliana Bortolozzi (PJ Formosa) afirmó que son las provincias las que deben determinar qué tipos de políticas ambientales quieren para sus territorios y aseguró que âel proyecto es un avasallamiento a los derechos que le corresponden a cada estado provincialâ.
Según datos aportados por la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado Nacional, en la Argentina se desmontan anualmente alrededor de 250.000 hectáreas de monte nativo, principalmente en la región del Chaco Seco, donde se produce el 70% de la deforestación anual por la expansión agrícola y ganadera. El Chaco Húmedo y la selva pedemontana de las Yungas forman parte también de la lista de áreas amenazadas
Uno de los principales impulsores de la iniciativa es el diputado kirchnerista Miguel Bonasso. En diálogo con Infocampo, Bonasso dijo que âlos senadores de las provincias del norte se oponen al proyecto porque responden a sus jefes políticos, que son los gobernadores, muchos de los cuales tienen socios con buenos negocios en los sectores de la soja y de la maderaâ.
âEs el caso del gobernador (de Salta Juan Carlos) Romero, que en los últimos dos meses entregó permisos para desmontar 150.000 hectáreas en su provinciaâ, remarcó el legislador, para luego agregar que âalgunos senadores dicen que el proyecto es inconstitucional porque confunden federalismo con feudalismoâ.
Bonasso, remarcó que âel artículo 41 de la Constitución Nacional autoriza y obliga a la Nación a establecer el marco mínimo a partir del cual las provincias pueden establecer su propio marco de acción. Ese artículo permite a la Nación determinar áreas estratégicas para conservar la biodiversidad, las especies en peligro de extinción y las comunidades que viven en armonía con el ambienteâ.
El artículo 41 de la Constitucón Nacional dice: âTodos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarloâ. Y añade: âCorresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones localesâ.
Gustavo Malem
