Diversos sectores sociales de Chaco expresaron su desacuerdo con la redacción de los artículos de la Ley de Biocidas que establecen distancias de prohibición para las fumigaciones aéreas y terrestres y excepciones a las mismas.
Según publica el diario Chaco día por día, la presentación está firmada por la secretaria general de la CTA Chaco, Mora Pared y el secretario general de UTrE CTERA, Daniel Aguirre, acompañados por vecinos de La Leonesa, Las Palmas, Gral. San Martín, La Escondida, Directores de Escuelas, Asociaciones Civiles y Consorcios de Servicios Rurales.
“En virtud de sus facultades constitucionales y el derecho que tenemos como ciudadanos de esta provincia, venimos a pedirle que vete parcialmente la recientemente sancionada Ley de Biocidas. Concretamente nos referimos a los artículos 26 y 27 y al correspondiente a su entrada en vigencia. Estos artículos contradicen el discurso que se venía declamando y algunas acciones que desde su gestión se habían materializado”, comienza el comunicado.
En ese sentido, expresa que “el artículo 26 establece distancias de resguardo que a la luz de la práctica en fumigaciones que hoy impera en el campo chaqueño no alcanzan para proteger a las personas de los efectos nocivos de los agrotóxicos. La participación de un amplio sector en el debate sobre la ley específicamente demandaba el cese de las pulverizaciones aéreas, ya que entendemos que el hombre puede ser dueño del campo pero no del viento, tal como quedara expresado en las audiencias públicas de julio del 2011. La prohibición de 500 metros es insuficiente y es necesario ampliar esa distancia si queremos que agronegocios y agricultura familiar vivan en paz y puedan realizarse todas estas actividades sobre la misma tierra. Por lo tanto, fijar una distancia de 2.000 metros para las aplicaciones terrestres es lo que podría garantizar que los efectos agrotóxicos no afecten la salud pública; distancia que se deberá tomar no sólo desde las población urbana, sino también de la rural, las fuentes y cursos de agua, las zonas naturales protegidas, cultivos sensibles, producción orgánica, etc”.
“Por otro lado, el artículo 27 da por tierra la norma que establece el insuficiente resguardo al permitir la excepción, modificación que se hizo en el recinto legislativo lejos de la comunidad que venía aportando y participando de la redacción. La redacción y su forma de realizarla, deja a las claras que se buscó establecer “la trampa” a la ley. Ni siquiera la actual reglamentación prevé excepciones a las fumigaciones aéreas y data desde hace más de 20 años, cuando la cantidad de agrotóxicos utilizados estaba muy por debajo de las actuales y la superficie cultivada era menor”, continúa la nota.
Y aclara: “Si lo que se buscaba y pregonaba era una norma superadora para resguardar la salud y el ambiente, con este artículo cae el sector político en el descrédito absoluto, con esta realidad damos por sentado que aunque se cambió la autoridad de aplicación no habrá ningún control y el Poder Ejecutivo seguirá mirando para otro lado”.
Por último, las organizaciones y vecinos afectados manifestaron que “no nos resulta prudente supeditar la entrada en vigencia de esta ley a su reglamentación; la mayoría de los artículos son claros, específicos y se previeron detalles para su plena operatividad sin dilaciones: La Salud Pública así lo exige y la preservación de nuestros recursos naturales también”.
