En los últimos seis años, el gobierno nacional introdujo un fuerte cambio de rumbo en la asignación del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica.
Disminuyó la inversión para obras hídricas en áreas estrictamente rurales de la provincia de Buenos Aires, como en la Cuenca del Salado, llegando inclusive a la paralización de las obras entre 2006 y 2008, y por el contrario, aumentó los desembolsos para las zonas urbanas.
Así se desprende de un análisis sobre la asignación de recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, que realizó el diputado nacional Carlos Brown (Bloque Frente Peronista-Buenos Aires) y sus asesores, con datos oficiales de la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura (Ucofin), dependiente del Ministerio de Economía.
Según se puede observar en ese informe publicado hoy por el diario La Nación, desde 2001, cuando se creó el fondo, hasta 2005 la inversión para áreas productivas rurales fue creciente. Pasó de $ 47.781.256,06, en 2001, a $ 224.122.875,36, en 2003, y tuvo un pico de $ 684.325.095,68, en 2005, de acuerdo con el relevamiento del legislador.
Pero eso cambió en 2006. Según Brown, ese año, en 2007 y luego en 2008 no se asignaron recursos de este fondo para áreas rurales productivas en la provincia de Buenos Aires.
Por el contrario, comenzó a tomar importancia la inversión en zonas específicamente urbanas. Y ésta aumentó de $ 3.985.215,98, en 2006, a $ 248.353.355,10 para las elecciones presidenciales de 2007. Luego bajó a $ 35.122.857,04, en 2008, y en 2009, en un año de comicios legislativos, volvió a subir a 437.720.526,50 pesos.
“Como revelan los números de la Ucofin, se produce una intensificación del financiamiento de las obras urbanas a expensas de las obras en áreas productivas, lo cual impacta, en el caso de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en la ejecución de las obras pendientes en la Cuenca del Río Salado, las cuales quedaron virtualmente paralizadas”, señala el informe realizado por el diputado y su equipo de asesores.
La predilección del kirchnerismo a partir de 2006 por las obras en zonas urbanas antes que en las rurales fue posible por un cambio que facilitó la ley 26.181, a fines de 2006, y un posterior maquillaje en 2009.
Según publicó La Nación, esa norma sustituyó a la tasa de infraestructura hídrica de $ 0,05 por cada litro de nafta o metro cúbico de GNC, instituida en 2001 mediante el decreto 1381, por un impuesto de igual monto sobre la transferencia a título oneroso o gratuito o importación de esos mismos combustibles.
Sin embargo, hubo una modificación aun más profunda. Con la nueva ley, virtualmente se eliminó la especificidad rural que debía tener el destino de los recursos del Fondo Hídrico.
Para tener en cuenta, el decreto hablaba de una “afectación específica al desarrollo de los proyectos de infraestructura de obras hídricas de recuperación de tierras productivas, mitigación de inundaciones en zonas rurales, y avenamiento y protección de infraestructura vial y ferroviaria en zonas rurales y periurbanas”.
Mientras tanto, con la nueva normativa quedó establecida una “afectación específica al desarrollo de proyectos, obras, mantenimiento y servicios de infraestructura hídrica, de recuperación de tierras productivas, de control y mitigación de inundaciones, de protección de infraestructura vial y ferroviaria, y de obras de saneamiento”.
