Las entidades del agro se reunieron ayer con funcionarios provinciales para acercar posiciones por las quejas que brotaron a raíz de los incrementos que llegaron en los cedulones del Inmobiliario Rural.
Más allá de la predisposición oficial para estudiar los casos que despertaron polémica, el Gobierno reconoció que en la última liquidación hubo fuertes aumentos a 2.700 cuentas.
Pero no ocurrió por una equivocación de cálculo, sino por falta de actualización catastral. En otras palabras: había 2.700 propiedades con una subfacturación fiscal. En esos casos, los cedulones llegaron este año con incrementos por encima del 100 por ciento.
Se trata de establecimientos que tributaban por una superficie menor a la actual o por un uso de suelo diferente. Por ejemplo, campos que pagaban como monte o fachinal, cuando ahora tienen producción de granos y hasta cultivos bajo riego.
Según publicó La Voz del Interior, el cambio implicó una carga fiscal diferente cuyo peso impacta en la comparación interanual con el cedulón de 2012.
