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La Justicia intimó a YPF a revelar el contrato con la multinacional Chevron

La petrolera tiene diez días para dar la información, tras un pedido de accionistas de Repsol. Ayer, el convenio fue votado en comisión por mayoría en la provincia. Sigue la polémica por el impacto ambiental.

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Por Infocampo

El convenio entre Chevron e YPF para explotar los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta podría encontrar una nueva traba. Esta vez, desde España. Pese a que ayer se logró avanzar en la Legislatura de Neuquén con el proyecto que ratifica el acuerdo, tras un dictamen favorable en comisión, la Justicia ahora le exigió a la petrolera revelar el contrato establecido con la multinacional. 

La jueza federal Liliana Heiland notificó ayer a la empresa que conduce Miguel Galuccio y a la Secretaría de Energía sobre la ampliación de una demanda de un grupo de accionistas españoles minoritarios de Repsol, nucleados en la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec). A través del recurso, solicitan a ambas entidades una copia del contrato aprobado con la multinacional de origen norteamericano, que hasta el momento sus detalles se desconocen públicamente. 

Lo que se exige ?en la presentación es una copia del Acuerdo de Proyecto de Inversión celebrado entre YPF S,A, y las empresas subsidiarias de Chevron Corporation el día 16 de junio de 2013 con el objetivo de la explotación conjunta de hidrocarburos no convencionales en la Provincia de Neuquén, con su respectiva documentación complementaria?, de acuerdo al diario El Cronista. 

De esta manera, las autoridades de Energía y de YPF ahora tienen 10 días hábiles para responder el pedido. Ante una negativa, se activarían otras dos peticiones legales en su contra, actualmente en ?suspenso. Se trata del pedido a Caja de Valores y a la CNV de una copia del registro de accionistas de la empresa YPF, entre otros datos, y la anotación de la presente litis en los libros sociales de YPF y en los registros de los dos organismos mencionados.

En realidad, la intimación legal se trata de una ampliación de la demanda original de Aemec, junto a otros particulares, contra el Estado argentino en mayo por daños y perjuicios, debido a la expropiación del 51% del paquete accionario de YPF.

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