La diputada opositora Elisa Carrió reveló este miércoles que enviará una “carta documento” a la presidenta Cristina Kirchner para exigirle que suba el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias “bajo apercibimiento de denunciarla por incumplimiento de los deberes de funcionario público”, según publicó iProfesional.
Carrió dijo que la estrategia para conseguir una modificación en el gravamen que afectará este año a 2 millones de asalariados (por las subas de los sueldos) es llevada adelante en conjunto con Mario Negri, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara baja.
“Pedimos a la Presidenta por carta documento que suba el mínimo no imponible, ya que el Frente para la Victoria no baja (al recinto para discutir ese asunto en sesión), bajo apercibimiento de denunciarla por incumplimiento de los deberes de funcionario público”, dijo Carrió en declaraciones a radio Mitre.
Según la diputada, la decisión de enviarle una carta documento a la jefa de Estado fue tomada “porque el juego más perverso y el robo más grande que se está produciendo en la Argentina, aparte del caso Boudou, es que los bonistas no pagan un peso y hay una fiesta de bonos y las clases medias y los jubilados están pagando impuestos a las ganancias, que se comen sus ingresos”.
Carrió afirmó que el Impuesto a las Ganancias es “confiscatorio” y agregó que “es un robo generalizado a la Nación de tanta o mucha mayor envergadura que la que puede tener el caso Boudou”, en el que el vicepresidente es investigado por tráfico de influencie en la causa Ciccone.
Además, la diputada se quejó porque las facultades que el Congreso le dio al Poder Ejecutivo para manejar el tributo es “inconstitucional”.
“Es inconstitucional el mínimo no imponible ahora en términos de salarios, porque ni siquiera se pueden descontar alquileres. Si te están descontando hasta el 35 por ciento en algunos casos de tu sueldo mensual… Si esto no es confiscatorio, ¿dónde está la confiscatoriedad?”, expresó.
Indicó que la oposición hizo siete sesiones especiales para tratar el tema pero el oficialismo no bajó al recinto y aseguró que “las omisiones de los funcionarios públicos también son delitos, cuando implican recaudaciones extraordinarias en perjuicio de todas las clases medias, trabajadores y con salarios fijos”.
