Fue en julio de este año cuando el en ese entonces vocero presidencial -hoy jefe de Gabinete-, Manuel Adorni, utilizó el mote de “organismos ineficientes” para anunciar el mega decreto que se publicó horas después y que avanzó en la “desregulación” del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de Semillas (INASE).
“El INTA, una de las entidades más emblemáticas del país, se desvió durante los últimos años de su propósito original, siendo utilizado como herramienta de militancia política y con un enfoque guiado por los lineamientos de la Agenda 2030 y alejado de las necesidades reales del progreso del sector agroindustrial”, fue otra de las fuertes frases que lanzó Adorni esa tarde.
La “motosierra” del Gobierno había llegado entonces a entidades muy importantes para el desarrollo del agro, pero no pudo recortar como quería: sobre todo en el INTA, pero también en el INV, los cambios aún no se han ejecutado o están lejos de avanzar como pretende el Gobierno, en situaciones que incluso derivaron en presentaciones judiciales.
LA “MOTOSIERRA” QUE NO PUDO RECORTAR AL INTA
En el caso del INTA, la realidad es que el Gobierno nacional lleva más de un año intentando ejecutar recortes sin éxito, a partir de la resistencia no solo de sus trabajadores, sino también de gran parte del agro argentino.
El principal rechazo que nació a partir de julio tuvo que ver con la intención de desarmar el histórico Consejo Directivo autárquico que gobernó el INTA desde su nacimiento en 1956, con participación de las entidades del agro, para convertir el organismo en un organismo “desconcentrado”, que dependa directamente del Poder Ejecutivo.
Pero ese mega decreto fue rechazado en dos instancias por el Congreso de la Nación (antes de que Javier Milei ganara en las elecciones de octubre) y también fue revertido por una decisión judicial, lo que obligó al Gobierno a volver marcha atrás en sus planes y rearmar el Consejo Directivo para seguir intentando realizar los recortes, aunque ahora de manera “consensuada”.
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De todos modos, recién la semana pasada el órgano de decisiones mencionado volvió a reunirse y por ahora no hay novedades: el INTA permanece en una suerte de nebulosa en la que sigue funcionando por inercia, pero sin saber lo que va a suceder en el futuro inmediato.
LA “MOTOSIERRA” Y EL INV
En el caso del INV, lo más relevante no fue tanto el mega decreto -que, vale insistir, terminó quedando sin efecto por el rechazo del Congreso- si no que el gran cimbronazo llegó con una resolución más reciente que eliminó 973 normas, entre ellas algunas que son resistidas por la propia cadena del vino.
La misma, con una amplia aceptación inicial por parte de la industria vitivinícola y el arco político en Mendoza y San Juan, no escapó a las críticas.
E incluso, también está en el seno de la Justicia: actualmente enfrenta un recurso de amparo presentado por parte de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) y la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (Carpa).
Si bien desde las cadenas productivas se celebró la quita de muchas trabas burocráticas y normas que se consideraban obsoletas, puntualmente la polémica se centra en dos puntos que son vistos como claves para la trazabilidad del vino argentino: el Certificado de Ingreso de Uva (CIU) y la Declaración Jurada Anual de Elaboración (Formulario CEC 05).
Con la nueva resolución, a partir de 2026, ambos pasarían a ser optativos. Y esto se menciona en potencial porque la Justicia aceptó el recurso aplicado por las entidades vitivinícolas para que se mantenga su obligatoriedad.
Ahora, el INV tendrá que dar las explicaciones correspondientes sobre estos puntos o presentar su propia postura. Una vez cumplido ese paso, la Cámara dará su veredicto.
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En este sentido, referentes de la industria confían en que el pedido tendrá resolución favorable y esas dos normas quedarán como obligatorias. De acuerdo con Mario González, presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y de Carpa, esto ayudará a que no se pierda la buena reputación que han ganado los vinos argentinos.
“Estos puntos son la clave para tener todo el proceso trazable y medido para que la viticultura argentina siga manteniendo el estatus que mantiene hasta hoy. Eso es algo que no le genera ningún impacto ni en costo, ni en burocracia, ni en tiempo a nadie, y que todo el sector industrial y el productivo está de acuerdo en que eso tiene que mantenerse obligatorio”, sostuvo el dirigente riojano.
Lo cierto es que, como sucedió con el INTA, el paso de la “motosierra” por la vitivinicultura argentina aún no está concluído en este 2025 y todavía quedará pendiente de resolución de la Justicia en las vísperas de una nueva vendimia.
