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Argentina con frentes abiertos en la OMC

Tras muchos años de inactividad en el ámbito de la solución de controversias de la OMC, Argentina se encuentra afrontando dos (o tres) casos.

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Por Infocampo

Tras muchos años de inactividad en el ámbito de la solución de controversias de la OMC, Argentina se encuentra afrontando dos (o tres) casos. Por un lado, denunció a España -en realidad a la Unión Europea, quien representa a sus miembros en la OMC- por las restricciones al biodiesel argentino; mientras que por el otro se enfrenta a la denuncia de la UE, Japón, EE.UU. y México -estos tres últimos se sumaron recientemente- por las restricciones que Argentina aplica a sus a importaciones. Finalmente, en un anuncio de la Cancillería argentina, se indicó que se presentará una denuncia en la OMC contra EE.UU. por impedir, violando las normas de la OMC, el ingreso de carnes y cítricos argentinos.

Ataque…

El pasado 17 de agosto, Argentina notificó a la OMC su solicitud de consultas con la Unión Europea (UE) acerca de las medidas adoptadas por España, que restringen las importaciones de biodiesel de ese país.

La medida había sido adoptada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España, quien el  pasado 21 de abril aprobó una orden ministerial por la cual se creó un sistema de cupos de producción de biodiesel para cumplir con la cuota de energía renovable que fija la UE para el transporte. De acuerdo a esta decisión, los cupos solo podrían ser asignados a empresas productoras de España o el bloque comunitario. Teniendo en cuenta que solo la producción proveniente de plantas que tengan cantidades asignadas por este sistema será apta para el cómputo del cumplimiento de los objetivos ‘verdes’ de la UE sobre utilización de estos biocombustibles, la norma vedaría el ingreso al biodiesel extracomunitario, entre ellos el argentino, lo cual implica discriminación en contra del biodiesel importado.

Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo a la norma, durante los próximos dos años España sólo comprará biodiésel producido en su territorio o en la UE. Se trata de un intento por reanimar una industria que opera a apenas un 14 por ciento de su capacidad en medio de la peor crisis económica en décadas. El mayor interrogante en estos momentos es si las fábricas españolas, en las actuales condiciones, podrán aprovechar la oportunidad ofrecida. Los más optimistas señalan que solo un 25% de las empresas podrían hacerlo.

Por el lado de Argentina, la Cámara de Biocombustibles (CARBIO), mediante un comunicado de prensa, salió a desmentir que continuaran las exportaciones a España, al tiempo que explicó que las exportaciones realizadas entre enero y fines de junio del 2012 a España corresponden a negocios cerrados previo a la medida española.

En términos procesales, la solicitud de consultas es la instancia previa a la constitución de un panel. Ahora las partes tendrán 60 días para intentar resolver el conflicto, y en caso de no lograrlo, se podrá solicitar la constitución de un grupo especial, el cual será el encargado de solucionar la cuestión.

En una instancia previa se encuentra la denuncia contra EE.UU. por impedir el ingreso de limones y carne vacuna de origen argentino. De acuerdo a un comunicado emitido por la Cancillería argentina el día 21 de agosto, la denuncia solo resta ser notificada a la OMC. Si la misma se materializa, seguirá el proceso señalado para la anterior.

…y defensa

El pasado 25 de mayo la UE presentó ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC una solicitud de consultas por las supuestas restricciones a la importación aplicadas por Argentina. Posteriormente, Turquía, EE.UU., Ucrania, Japón, Canadá, Guatemala, Australia y México solicitaron ser asociados a la consultas. Todos estos países son los mismos que en otros ámbitos de la OMC, como el Consejo de Comercio de  Mercancías o el Comité de Licencias, han expresado su preocupación por las medidas adoptadas por nuestro país.

La última novedad en este caso han sido las recientes solicitudes de Japón, EE.UU. y México de celebrar consultas propias por este mismo tema, uniéndose de esta manera a la UE en el cuestionamiento. Estos países señalan como incompatibles tres medidas (o conjunto de medidas) argentinas: a) la Declaración Jurada Anticipada de Importación,  requisito de autorización previa que se aplica a todas las importaciones desde febrero de 2012; b) las licencias de importación,  procedimientos que retrasan sistemáticamente las importaciones, o hacen que se las rechace por razones poco transparentes.; y c) la exigencia de que los importadores equilibren las importaciones con exportaciones, o que incrementen el contenido local de los productos que fabrican en Argentina, o que no transfieran sus ingresos al extranjero. Estas últimas prácticas son sistemáticas, no escritas y poco transparentes.

Seguramente, por una cuestión de simplificación de los procedimientos y para evitar reiteraciones innecesarias, la OMC promueva la unificación de estos cuatro reclamos, en caso de que no se resuelva en etapa de consultas y sea necesario recurrir a un panel de expertos.

¿Y ahora qué pasa?

Normalmente, la etapa de consultas es una instancia de arreglo en el cual las partes buscan resolver sus diferencias por sí solas, aunque también pueden pedir al Director General de la OMC que medie o trate de ayudar de cualquier otro modo. En caso de que no se llegue a un arreglo durante las mismas, las partes podrán solicitar la constitución de un grupo especial, conformado por expertos internacionales, que se aboque a la resolución de la cuestión. El plazo previsto para la resolución de una controversia es de seis meses desde la constitución del grupo especial, aunque por diferentes circunstancias del caso este puede extenderse. A esto debe agregarse la posibilidad de que una y otra parte pueden apelar contra la resolución del grupo especial, lo que puede retrasar aun más el proceso. Recién una vez agotadas todas las instancias y sin que la parte vencida -quien aplico la medida ilegitima- haya cumplido, la parte vencedora -si fuera la que inicio el reclamo- puede solicitar la autorización para aplicar represalias.

Los casos ante la OMC pueden tardar de dos a tres años en resolverse, por lo que las posibilidades de que las exportaciones argentinas puedan ser perjudicadas son ciertas, pero se encuentran muy lejanas en el horizonte temporal.

Por Nelson Illescas. Especialista de la Fundación INAI

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