Este jueves, el canciller Héctor Timerman envió una nota a su homólogo español, José Manuel García Margallo y Marfil, en señal de protesta a la decisión del gobierno del Reino de España de excluir a las empresas argentinas del mercado español de biodiésel a través de injustificados procedimientos proteccionistas, según publicó Infobae.
“Llamativamente, la referida resolución le asigna una cantidad de producción efectiva solo a plantas ubicadas en la Unión Europea y desestima todas las presentaciones realizadas por empresas extracomunitarias. El Gobierno argentino desea expresar firmemente su preocupación bajo el entendimiento de que dicha norma, de evidente corte discriminatorio, tiene por objetivo resguardar la industria europea de biodiesel de la competencia con los productores argentinos, quienes elaboran este combustible de manera sumamente eficiente, gracias a la estructura productiva del sector y a las importantes inversiones realizadas en los últimos años”, explica la misiva del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino.
La Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) alertó que España cerró su mercado para el biodiesel argentino, y consideró que esa medida es “arbitraria y discriminatoria”.
El 6 de noviembre último el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España publicó la lista definitiva de las plantas de biodiésel que podrán comercializar en ese país hasta un máximo de 5,5 millones de toneladas anuales, en la que no aparece ninguna “extra europea”.
Esto sucede “a pesar de que, tras las denuncias presentadas por la Argentina ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), el gobierno español permitió su inclusión en la convocatoria de la Resolución de la Secretaría de Estado de Energía del 5 de febrero de 2013 que regula el nuevo sistema de asignación de cuotas” en ese país, señaló CARBIO en un comunicado.
Y precisó que algunas de las plantas argentinas que se presentaron a esta convocatoria “fueron excluidas, alegando razones administrativas injustificadas, mientras que a otras se las excluyó sin estas excusas, alegando que no suman el puntaje necesario en un rating que aparentemente realiza el Ministerio de Industria Español pero que nunca aclaró en base a qué parámetros se adjudican los puntos”.
