La eventual intervención del mercado de arrendamientos agropecuarios logrará el efecto contrario al deseado, según indicaron hoy a Infocampo operadores del sector inmobiliario rural.
“Intervenir un mercado que se maneja con el libre juego de la oferta y la demanda es perjudicar un mecanismo que de por sí es muy favorable para todos los integrantes de la cadena”, comentó hoy Mariano Maurette, responsable de la sección campos de la firma Alzaga Unzué y Cía.
El proyecto impulsado por el oficialismo, que comenzará a ser tratado este miércoles en Diputados, propone limitar el área susceptible de alquiler por cada empresa o particular; también abre la posibilidad de aplicar restricciones productivas en campos arrendados (ver texto completo aquí).
“Los pooles de siembra existen en virtud de que son los que más pagan por el alquiler de la tierra y a la vez los que mayor tecnología aplican para el cuidado del suelo”, señaló hoy Roberto Frenkel Santillán, director de Bullrich Campos.
“El Estado debe intervenir cuando las fuerzas de la oferta y la demanda están desbalanceadas, pero en un mercado transparente la intervención podría entorpecer las operaciones”, agregó.
Otro aspecto controvertido del proyecto es que el mismo determina que el arrendatario podría dejar de pagar el alquiler al propietario del campo en “caso fortuito o de fuerza mayor que implique riesgos no asegurables” (¿se imaginan una norma equivalente para el mercado de alquileres de departamentos?).
“Esta iniciativa es una locura total de una política totalmente anti-campo que lleva adelante el gobierno nacional”, señaló a Infocampo Alejandro de Elizalde, titular de Elizalde Garrahan & Cía. “Esto va a distorsionar un mercado transparente”, añadió.
En los últimos meses la oferta de ventas de campos se aceleró mayoritariamente en las zonas más castigadas por la sequía (tales como Buenos Aires y Entre Ríos) dado que algunas empresas agropecuarias deben liquidar parte de sus activos para poder cumplir con compromisos financieros.
