La provincia de Buenos Aires cuenta con una ley sobre agroquímicos que data de fines de los 80 (lleva el número 10.699), y que fue reglamentada en 1991 mediante el decreto gubernamental 499.
Veinte años después, el Ministerio de Asuntos Agrarios que lidera Ariel Franetovich ha iniciado un proceso de revisión en el marco de la búsqueda de consensos.
Para ello viene manteniendo reuniones con los diferentes actores vinculados a la problemática, empezando con los expendedores (las agronomías) nucleadas en la cámara Cedasaba, los aplicadores aéreos, los terrestres, el Inta, las cámaras de las empresas fabricantes (Ciafa y Casafe), el Senasa, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, las universidades, el área de salud, etcétera.
El Ministerio plantea que en estos veinte años ha habido un cambio tecnológico y social más que significativo, y que es necesario entonces adecuar el marco reglamentario de la ley (el decreto) a los nuevos tiempos.
El paradigma que plantea el MAA es que hay que integrar la necesidad de crecimiento económico con el cuidado responsable del medio ambiente y la calidad de vida de la sociedad. Por ende, sostienen, debe adecuarse la normativa para un uso racional y sustentable de los fitosanitarios.
Uno de los participantes es el Defensor del Pueblo y ex diputado provincial Carlos Bonicatto. “Agradezco la invitación a participar en la gestación de una reforma que tiende a preservar la salud de los ciudadanos. Es la primera vez que sucede con un Defensor del Pueblo”, apuntó tras reunirse con Franetovich, el jefe de gabinete de la cartera, Walter Larrea, y el subsecretario de Calidad Agroalimentaria, Hugo Kübler.
Por su parte, Pablo Grosso, representante de Casafe en las reuniones, destacó la importancia de implementar buenas prácticas en la agricultura (ver en esta misma edición la nota de tapa sobre Agroecoindex).
Como devolución tras la reunión, Cristian Belingueres, presidente de la Cámara de Aplicadores, resaltó el hecho del diálogo y el trabajo en equipo, y expresó que el Ministerio debería otorgarle mayor presupuesto al área de fiscalización.
Daniel Palacios, presidente de los profesionales agrónomos, comprometió la participación de los profesionales en el diseño de la propuesta para modificar el marco normativo.
La idea del Ministerio es trabajar sobre una hoja de ruta y una metodología que lleve a la propuesta.
En tanto, los participantes fueron armando una agenda tentativa con los temas prioritarios.
Allí figuran la aplicación de productos domisanitarios, el expendio de agroquímicos y domisanitarios, los cultivos intensivos, la receta agronómica y la receta domisanitaria, las incumbencias del asesor técnico y categorización de depósitos, entre otros.
Artículo publicado en la edición de hoy de Infocampo Semanario
