“No está previsto que ningún funcionario viaje a Nueva York”, contestó Jorge Capitanich ante la consulta de un periodista en su clásica conferencia de prensa de todos los días. Con estas palabras desvirtuó las versiones que indicaban que el Ministerio de Economía enviaría una comitiva para negociar con los holdouts que fueron beneficiados por la Justicia de los Estados Unidos.
Ayer, en un encuentro de las partes con el juez Thomas Griesa, la Argentina mostró por primera vez la voluntad de negociar. Se creía que serían emisarios del Gobierno los que llevarían adelante el diálogo pero según los dichos de Capitanich, por ahora el caso quedará en manos del estudio de abogados que representa al Estado en los Estados Unidos.
El jefe de Ministros reivindicó que la Argentina tiene voluntad de pago pero dejó en claro que no puede violar lo previsto en la Constitución Nacional, en cuanto a que es el Congreso el que debe arreglar la deuda interior y exterior. Recordó entonces que el Parlamento leyes que le prohíben al Estado otorgar condiciones más favorables a los holdouts que no ingresaron a los canjes de deuda
“La Constitución establece que es el Congreso el que tiene la atribución del arreglo de la deuda interior y exterior. Y la ley 26.017 generó las condiciones efectivas para la reestructuración. La Argentina no puede generar una mejor oferta que lo previsto en esta ley. Y la Constitución y la ley han sido perfectamente cumplidas por el Poder Ejecutivo”, resaltó en una extensa conferencia de prensa.
El funcionario aseguró que la estrategia del Gobierno apunto a resguardar el proceso de reestructuración de deuda y la decisión de la Justicia norteamericana significa una alteración de todas las condiciones previstas, generando ganancias “extraordinarias” para los denominados “fondos buitres”. Sucede que si la Argentina acata la sentencia, los tenedores de bonos en default tendrán una rentabilidad superior al 1600 por ciento.
Capitanich reiteró que bajo estas condiciones la Argentina no podrá pagarles en Nueva York a los tenedores de los bonos del canje. “El levantamiento del stay en general establece un problema respecto a la Argentina, porque las órdenes pari passu le impiden a la Argentina efectuar el próximo pago del 30 de junio a menos de que en forma simultánea pague lo reclamado por los fondos buitres”, analizó.
Respecto a las declaraciones del juez Griesa, quien ayer pidió que “la Argentina no vuelva a reírse de una sentencia judicial”, Capitanich señaló: “Objetivamente, el juez debe impartir Justicia y la Justicia significa equidad de trato entre las partes. Cuando un juez promueve tamaña parcialidad, entonces no es equitativo”.
