El alcalde de esa localidad, Rufino Choque, fue quien denunció esta situación y aprobó una ordenanza municipal para que los propios campesinos realicen trabajos de control y así se evite el ingreso ilegal de cítricos, aunque reconoció que una vez en el mercado es muy complicado reconocer la procedencia del producto.
“En caso de detectar el ingreso ilegal, inmediatamente se informará a la Aduana, al COA y al Senasag para la incautación correspondiente.”
