Desde junio pasado âa partir de lo establecido en una reforma de la Constitución provincialâ los extranjeros sin residencia permanente y las sociedades conformadas por ciudadanos o capitales foráneos no pueden comprar tierras en Corrientes.
La nueva Constitución además determina que “el Estado provincial propenderá a establecer incentivos con el fin de mantener la propiedad de los bienes inmuebles ubicados en zonas de seguridad o en áreas protegidas o que constituyan recursos estratégicos, en manos de habitantes argentinos nativos, o del propio Estado provincial o de los municipios”.
Josefina Angélica Meabe de Mathó, presidenta de la Cámara de Diputados de Corrientes, dijo que la nueva Constitución (concretamente el artículo 61) no operará en contra de los intereses del sector agropecuario, dado que los extranjeros podrán seguir invirtiendo en asociación con capitales argentinos.
âNo queremos inversiones golondrinas, que vengan y se apoderen de nuestros recursos; buscamos que los capitales que quieran invertir lo hagan, pero mediante la asociación con argentinos y correntinosâ, indicó a Infocampo Meabe de Mathó.
La legisladora dijo que la Convención Constituyente “tenía la obligación moral de defender los derechos de los correntinos y de proteger sus tierras”.
Ante las críticas que aseguran que el artículo 61 es inconstitucional âcomo las realizadas por el constitucionalista Daniel Sabsayâ Meabe de Mathó señaló que âtodos aquellos que piensan que es anticonsitucional, pueden presentarse ante la Justicia para lograr una aclaración al respectoâ.
De todas maneras, la nueva norma es cuestionada por representantes del agro correntino, al considerar que la misma vulnera la propiedad privada y podría ser un impedimento para el establecimiento de nuevas inversiones en la provincia.
Daniel Ferrando, titular de la Sociedad Rural de Mercedes, opinó que el artículo 61 de la nueva Constitución provincial “cercena el derecho a producir y viola la propiedad privada”.
“El compromiso por un ambiente sano y equilibrado no debe ser obstáculo para el desarrollo de la actividad productiva”, añadió Ferrando.
En la misma línea, Rodolfo Iribas, director ejecutivo de la firma Enrique Zeni & Cía (que cuenta con importantes inversiones ganaderas y forestales en Corrientes), dijo a Infocampo que âevidentemente están presentando un escenario de total inseguridad jurídica, que tarde o temprano incidirá sobre el desarrollo económico de la zona”.
Por su parte, Christian Lamiaux, director gerente de la Asociación de Productores Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Nordeste de Corrientes, remarcó que âsi bien el Estado tiene el derecho de proteger y mantener la integridad de las tierras provinciales, se tiene que tener mucho cuidado a la hora de implementar eso, porque se puede invadir la propiedad privada y con eso se aborta la posibilidad de desarrollo”.
En diciembre de 2005, Infocampo fue el primer medio nacional que dio a conocer la existencia de un programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo denominado “Manejo y conservación de la biodiversidad en los humedales en los Esteros del Iberá” (ARG/02/G35), en el cual se establece que “Conservation Land Trust (cuyo titular es el ciudadano estadounidense Douglas Tompkins) tiene el objetivo a largo plazo de comprar todas las zonas secas privadas del Iberá, aproximadamente unas 325.000 hectáreas”.
Dicho programa fue firmado en septiembre de 2002 por el embajador Federico Barttfeld, por entonces subsecretario de Coordinación y Cooperación Internacional de la Cancillería argentina (desplazado de su cargo en 2004); el entonces representante residente del PNUD en la Argentina, Carmelo Angulo Barturén, y por el presidente de la Fundación Ecos, Miguel Reynal.
El documento ARG/02/G35 señala que el programa “ofrece una oportunidad única para aprovechar los recursos de un grupo de conservación internacional que adquirirá las tierras que aún quedan en manos privadas dentro del área protegida (Iberá), para colocarlas bajo un estricto control para su conservación”.
