En un operativo realizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos en siete predios rurales de la Provincia de Buenos Aires, se relevaron 114 trabajadores que se dedicaban a la cosecha de papas de los cuales el 90% (103 empleados) se encontraban en condiciones de irregularidad, además de dormir en dos colectivos en desuso y sufrir condiciones de vida inhumanas.
Las empresas agrícolas, de la localidad de General Belgrano, serían proveedoras de importantes comercializadoras de papas fritas congeladas en el mercado local pero no cumplían con ninguna medida de higiene. En los campos inspeccionados se encontraron viviendas precarias, sin agua corriente, energía eléctrica ni baños, en las cuales descansaban los trabajadores, quienes se aseaban en palanganas rodeadas de nylons atadas a postes enterrados en el suelo.
La comida para consumo de los empleados estaba al aire libre, sin adecuada refrigeración que podrían haber sido suministrados a los trabajadores por los propios empleadores.
En algunos de los relevamientos se encontró una gran cantidad de bebidas alcohólicas y envases vacíos, que fueron suministradas a los trabajadores con conocimiento de los empleadores. Los empleados tomaban alcohol desde antes de las 9 de la mañana y llevaban a cabo sus tareas en ese estado.
Durante el transcurso de una de las inspecciones, uno de los empleadores formalizó el trámite de alta de 21 trabajadores no registrados.
Dadas las irregularidades constatadas, la AFIP presentó una denuncia penal por explotación laboral ante el Juez Federal.
El Dr. Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal de Dolores, dispuso la inmediata intervención de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Trabajo de la Nación, la División Trata de la Policía Federal Argentina y personal de la AFIP en 4 predios rurales.
Como consecuencia de los allanamientos practicados se verificó la situación de reducción a la servidumbre e indicios de trata laboral. Por ello, el juez ordenó el retiro de los empleados del lugar de trabajo y se les brindó alojamiento en un hotel de la zona.
A los trabajadores se les tomó declaración testimonial y relataron que habían sido trasladados desde la provincia de Santiago del Estero por encargo del empleador y con medios de transporte que él mismo proveyó.
Además se constató que algunos empleados no querían continuar trabajando en el lugar pero no contaban con los medios necesarios para hacerlo, negándose el encargado a facilitarles el regreso.
Respecto de una de las firmas involucradas, el juez ordenó de manera urgente a la empleadora la adopción de medidas que importen alojar a los trabajadores en condiciones adecuadas. A tal fin designó la intervención de un veedor para verificar el cumplimiento diario de las condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene.
Por otra parte en el marco de las causas penales iniciadas, se investiga en forma conexa la posible tercerización que efectuaría una importante multinacional comercializadora de papas con las empresas en cuestión.
El operativo contó con la colaboración de la Policía Federal Argentina, División Delitos Federales Complejos, Subdelegación Chascomús.
