El gobierno de Entre Ríos hizo público un descargo tras la difusión de la noticia de la quiebra de la empresa que recibió créditos millonarios para instalar una fábrica de cosechadoras de exportación en la ciudad de Concepción del Uruguay. “La provincia fue damnificada en este caso”, afirma el comunicado que el Ministerio de Cultura y Comunicación hizo llegar ayer a La Nación.
“Basado en la presentación de un proyecto productivo que parecía prometedor y de importancia estratégica, al agregar producción metalmecánica al perfil industrial de la provincia, el gobierno provincial a través de su organismo competente, el Finver [Fondo de Inversiones de Entre Ríos] otorgó un préstamo de 5.574.500 pesos entregado en tres desembolsos, los que se fundamentaron en dictámenes técnicos positivos de profesionales actuantes, entre los que se encuentra incluso un reporte oficial del INTI [Instituto Nacional de Tecnología Industrial]”, plantea el comunicado. Y agrega: “Ese préstamo tenía por propósito apalancar el lanzamiento productivo de la compañía y representaba una pequeña parte de la inversión total prevista. Lamentablemente, el proyecto -que había despertado entusiasmo- resultó un rotundo fracaso por estrictas razones de manejo empresario”.
Después de que el caso estallara en los medios y tras dos años de absoluto silencio sobre el tema, el Gobierno de Entre Ríos se refirió por primera vez al fallido proyecto empresario apuntando toda la responsabilidad hacia Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA por la presunta maniobra defraudatoria y de desvío de fondos públicos que se investiga en la Justicia.
De hecho, en los tribunales de Paraná se encuentran imputados los empresarios Ricardo Senor, padre e hijo, Sergio Scravaglieri y Carlos Ariel Bohl. Ellos fueron quienes llevaron el proyecto al gobernador Sergio Urribarri , quien luego trasladó el entusiasmo a Cristina Kirchner, y que luego terminó con aquel acto frente a la Casa Rosada en el que la Presidenta se subió al prototipo de la única máquina que se construyó. Luego el equipo quedó abandonado en Angola, país donde supuestamente iban a dirigirse la producción de la fábrica.
Desde el Gobierno mencionaron que “por las responsabilidades públicas eventualmente emergentes hay dos procedimientos en sustanciación”, en referencia al proceso en el que el juez Leonardo Portela, de Concepción del Uruguay, decretó la quiebra de la empresa, y otro iniciado en Paraná, a raíz de la denuncia presentada por el abogado Guillermo Mulet, en el que pidió que se investigara la responsabilidad de funcionarios y empresarios por un posible fraude contra la administración pública, “en la que todos los funcionarios del gobierno brindarán su cooperación”, mientras que “el eventual daño fiscal” está siendo investigado por el Tribunal de Cuentas de la provincia.
Calificaron la quiebra de “un hecho doloroso, ya que hubo trabajadores que perdieron sus empleos”, y destacaron que “sin deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, el incidente Senor -en la que la provincia fue una damnificada- resulta un evento aislado por lo que el gobierno ratifica su voluntad y compromiso de seguir apoyando a los empresarios que inviertan en la provincia tal como lo ha hecho cada día desde su asunción”.
