Asimismo aseguró que está diseñado con un elevado grado de desconocimiento sobre la materia, al no contar con un análisis profundo y sin información creíble y que se inclina hacia la pérdida del Federalismo, pues las provincias no tienen potestades sobre el nuevo régimen.
En un comunicado de prensa, sostuvo que “las implicancias de la aplicación de la ley serán de una pérdida de facultades de las provincias, menor flujo de inversiones hacia el sector agropecuario y hacia las provincias, menor ingreso de divisas y un menor grado de tecnología aplicada sobre todo a largo plazo, potenciándose aún más en regiones que no están en la actualidad desarrolladas en materia económica y tecnológica. Así lo demuestran Fischer y Shah (2010)[1] en un trabajo donde analizan los diferenciales de rendimientos actuales y potenciales y lo explican por la carencia de reglas de juego, y la falta de derecho de propiedad sobre la tierra, de tecnología y de inversión”.
Asimismo sostuvo que “desde la entidad se ha propuesto que se lleve a cabo un estudio que brinde un análisis del estado de situación con información estadística, que permita a las autoridades tomar decisiones con mayor conocimiento antes de proceder a la aprobación de una ley que regula la extranjerización en la inversión en tierras”
Por último, consideró “necesario que Argentina adopte una estrategia de atracción de inversión local y extranjera hacia el sector agropecuario, manteniendo los actuales marcos normativos que incentivan la inversión privada, sea en tierras, recursos humanos o en infraestructura, potenciando la producción y el empleo agropecuario y siempre protegiendo al medioambiente”.
