En un nuevo capítulo de la disputa entre el gobierno nacional y el grupo español, Repsol circuló un informe de 11 páginas entre las firmas ibéricas con emprendimientos en el país con el objetivo de criticar las políticas económicas y de hidrocarburos impulsadas por la administración de Cristina Kirchner.
Firmado por Antonio Gomiz Sáez, ex vicepresidente Ejecutivo de YPF por Repsol, e Iñigo Alonso de Noriega Satrústegui, director de Asuntos de Gobierno Corporativo, en la publicación se defiende la gestión realizada en la petrolera y fustiga contra el plan de inversiones lanzado y encabezado por el viceministro de Economía Axel Kicillof. Además, ataca el intervencionismo oficial en la economía y presenta una mirada crítica sobre la evolución de las reservas y producción de crudo.
El documento, cuyo subtítulo es una ilegalidad sin precedentes, caracteriza a la estatización de las acciones de YPF como “expoliación”, y que por su “magnitud, ilegalidad, gravedad y arbitrariedad” no tiene parangón en la moderna industria petrolera internacional”, poniendo a la Argentina como un grave ejemplo de “inseguridad jurídica”.
El grupo accionista sostiene que padeció una campaña de “hostigamiento” y de una política concertada entre las autoridades nacionales y provinciales para generar un clima propicio a la expropiación, y pretender reducir el costo de la petrolera a través del hundimiento de la cotización de sus acciones, que “los mercados siguen penalizando”.
