‘Tenemos la peor política agropecuaria de la historia y estamos desperdiciando el mejor momento de la historia’. Así lo indicó ayer el presidente de Federación Agraria (FAA), Eduardo Buzzi, durante una conferencia de prensa realizada en la sede porteña de la entidad.
‘No hay planificación, no se ve la infraestructura. ¿Dónde esta Julio de Vido y el Ministerio de Planificación para resolver los problemas de los chacareros? Lo único que existe es la obra pública con uso discrecional. Sólo se está incentivando la soja para ampliar la caja kirchnerista. Esta es la estrategia de Cristina Fernández de Kirchner que va a llevar a que en poco tiempo haya, por ejemplo, sólo carne para un número privilegiado de personas’, disparó Buzzi.
Buzzi, junto a otros dirigentes de FAA y un grupo de pequeños productores del sudoeste de Buenos Aires, Entre Ríos y el norte de Santa Fe se reunieron ayer con el ministro de Agricultura Julián Domínguez para pedirle soluciones concretas para las regiones afectadas por la sequía y los excesos hídricos. Se fueron con las manos vacías.
‘El mundo esta sufriendo un proceso de cambio climático y la Argentina mira para otro lado. El gobierno no da cuenta de este problema global, no planifica y, mientras que el resto de los países está discutiendo qué hacer para contrarrestar esta situación, el gobierno permitió que se deforestaran más de dos millones de hectáreas de bosques naturales y se sembraran más de siete millones de hectáreas de soja, contribuyendo a acentuar esta catástrofe, cuya consecuencia hoy sufren los productores’, aseguró Buzzi.
‘Hoy sembrar soja es una actitud de supervivencia para los productores, ya que las otras actividades no son viables. El productor es víctima de las pésimas políticas del gobierno y la desesperación por esta situación hace que la gente no tenga muchas otras alternativas que salir a la ruta para hacerse ver, no porque quieran, sino por los llevan a los empujones’, añadió.
La Ley 26.509 (de ‘Emergencia Agropecuaria’) dispone la creación de un ‘Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios’, que debe tener ‘como mínimo’ una partida presupuestaria anual asignada de 500 millones de pesos (M/$). Pero la norma aún no está vigente porque no fue reglamentada por el Poder Ejecutivo.
‘Hace 60 días se aprobó la Ley de Emergencia Agropecuaria y con mucha velocidad el ejecutivo vetó ciertos beneficios que daba la ley para las zonas más afectadas, pero no tuvieron la misma velocidad para poner en práctica la ley, ayudando a que empeore la situación’, dijo por su parte el diputado electo por Chaco Pablo Orsolini.
Además, autoridades de la Dirección de Ganadería de la provincia de Entre Ríos realizaron gestiones ante el gobierno nacional para que ‘tal como lo establece la Ley 26.509’ los productores ganaderos afectados por la crecida del Río Paraná puedan deducir del impuesto a las ganancias el 100% de los beneficios derivados de las ventas forzosas de hacienda. Pero aún no tuvieron respuesta alguna al respecto.
‘Estamos viviendo una realidad muy complicada por la inundación y necesitamos respuestas urgentes por parte del gobierno’, dijo Jorge Temporetti, productor de Paranacito, Entre Ríos, según un comunicado difundido por FAA.
En el otro extremo, Alejandro Grazioli, productor de la localidad de Stroeder, Buenos Aires, dijo que ‘la familia en los pueblos se está destruyendo; nuestros campos están secos, no hay agua ni ayuda por parte del gobierno y como consecuencia la gente se está yendo. Pedimos por favor que el Estado haga algo’.
Marta Gutman, chacarera del departamento 9 de Julio, Santa Fe, afirmó que ‘no hay agua ni para atender los servicios básicos de la gente; no podemos sembrar porque no llueve y la vida en los pueblos es cada vez más dramática’.
